(Por: Rubén Lasagno) – Nuestra nota, en la cual explicamos los verdaderos fundamentos de la candidatura a diputado nacional del cura Juan Carlos Molina al frente del kirchnerismo, se refuerza inexorablemente con los datos de la realidad, que día a día nos muestra (y demuestra) que la lucha del poder en Santa Cruz no se circunscribe solo a la acción política, sino que es, fundamentalmente, de poder y dinero en todos los frentes y en esta oportunidad con una calve religiosa en el medio, que tomará mayor preponderancia a medida que se acerque el año 2027 con la elección general de fondo.
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El gobierno de la provincia a través de los diputados Adriana Nieto y Javier Jara presentaron y aprobaron el Proyecto Nº 409 que propone la adhesión a la Ley Nacional 27.741 por el cual declara el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un hecho que hasta el momento no se había formalizado en Santa Cruz.
Esta acción legislativa se enmarca en el objetivo fundamental que persiguen Claudio Vidal y Daniel Álvarez, candidato y a la vez pastor evangélico, quienes han planificado la organización y ayuda económica a los templos evangélicos de la provincia y es precisamente esta acción, que describimos en nuestro informe sobre el cura Molina, lo que motiva a la iglesia católica a resguardar su status en Santa Cruz donde, hasta el momento, no le había sido disputado por otros cultos.
De acuerdo al proyecto oficial “La iniciativa pretende reconocer institucionalmente la labor espiritual, social y cultural que estas comunidades desarrollan en todo el territorio provincial” y propone la conmemoración de la Reforma Protestante de 1517 y según sus autores, “la adhesión a la ley nacional permitirá fortalecer la visibilidad y el respeto por la diversidad religiosa en la provincia”.
Lo que se encubre detrás de estos actos y acciones, presumiblemente, inocuos o “de forma”, es la institucionalización lisa y llana de derechos de estas minorías, lo cual le permite al gobernador erogar fondos y obras hacia estos sectores de las iglesias a las cuales pertenecen, tanto él como su familia y la de sus funcionarios.
Un estado provincial y nacional que no pueden asegurar la salud, la educación y la seguridad (entre otras muchas cosas), dilapida fondos para sostener estructuras religiosas como católicos y evangelistas, cuestión que debería cambiar definitivamente en un país donde se usan fondos públicos para vaya a saber qué fines oscuros de la corrupción política y de las iglesias van a nutrir, motivo por el cual pelean entre si por el posicionamiento político que no es otra cosa que poder y dinero.
Dentro de esta campaña provincial que impulsa el oficialismo, para potenciar a instalar a la iglesia Evangelista en los distintos niveles y atraer adeptos (entro otras cosas) nos encontramos con una acción implementada por el área de Coordinación de Culto de la Municipalidad de Caleta Olivia, que impulsa la evangelización de los presos, razón por lo cual, tres de ellos, fueron trasladados desde la Seccional tercera a la iglesia “Asamblea de Dios”, del pastor Ramón Castillo quien forma parte de un equipo denominado “Alianza para las Prisiones”, que tiene como finalidad captar adeptos para su congregación y el plan general es instalar las iglesias evangélicas, organizarlas, ayudarlas económicamente y ganar su respaldo en las elecciones 2027. Una reformulación del “Batayón Militante” de los K, pero con una onda más zen. (Agencia OPI Santa Cruz)
Jajajajaja que HDP. Pastores? Jajajajaja que HDP