(OPI TdF) – La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia asestó un duro revés a los intereses ganaderos de Tierra del Fuego al revocar la medida cautelar que mantenía suspendida la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica. La decisión, firmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, deja sin efecto el fallo de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, y reactiva la polémica Resolución 460/2025 del Senasa. Esta norma autoriza el ingreso de carne con hueso y material reproductivo desde zonas con vacunación contra la aftosa hacia la Patagonia, una región reconocida internacionalmente como libre de la enfermedad sin vacunación y que basa en ese estatus gran parte de su potencial exportador.
El fallo de la Cámara de Alzada representa una victoria contundente para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y desarma la estrategia judicial de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, que había conseguido la suspensión temporal de la medida. Los camaristas determinaron que no existían los requisitos legales para sostener la cautelar, principalmente la “verosimilitud del derecho“. Según el tribunal, los argumentos de la jueza Borruto se basaron en “meras presunciones” de la entidad rural y en “extremos fácticos ausentes“, desestimando el riesgo sanitario y económico denunciado.
La resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia redefine el eje del conflicto, priorizando la potestad del Estado central sobre los reclamos regionales. Mientras la jueza Borruto había fundamentado su cautelar del 3 de septiembre en el “riesgo sanitario y económico” y la “falta de conformidad” de organismos internacionales como el SAG de Chile y la UE, la Cámara replicó con dureza. Sostuvo que supeditar un acto del gobierno nacional a una “previa conformidad extranjera atenta contra la soberanía institucional” y reafirmó la “presunción de validez” y competencia técnica del Senasa, amparada en la Ley 24.305 de Lucha contra la Fiebre Aftosa.
El tribunal superior también minimizó el impacto del cierre de mercados, un argumento central de los productores. Si bien Chile suspendió importaciones (Resolución Exenta 5952/2025) tras la medida del Senasa, los jueces Leal de Ibarra y Suárez consideraron que este “no es hecho consumado“, ya que podría revertirse con auditorías. Críticamente, señalaron que la Asociación Rural “no acreditó mínimamente” que los mercados de exportación afectados estuvieran activos ni qué “volumen de operaciones manejaban“, invalidando así la existencia de un perjuicio concreto e inminente que justificara frenar la resolución del organismo nacional.
El Senasa, por su parte, había argumentado en su apelación que la jueza Borruto se atribuyó “facultades que son propias del poder administrador” y que intentó suplir la voluntad del organismo en “cuestiones estrictamente de orden técnico“. El servicio sanitario negó el riesgo epidemiológico y calificó las objeciones de la Rural como “netamente comerciales y políticas“. Con esta revocación, la Resolución 460/2025, emitida el 26 de junio, recupera plena vigencia, abriendo la puerta de la Patagonia al ingreso de productos cárnicos desde el norte del país pese a la férrea oposición del sector productivo fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
La verdad es que en Santa Cruz el tema de la barrera sanitaria es irrelevante ya que prácticamente no quedan pequeños ni medianos productores agropecuarios, solo hay grandes empresas que son sustentables en ese rubro, como la propietaria de Cóndor, y lo real es que el único que se perjudica es el pueblo que debe pagar la carne más cara por existir esa famosa barrera, siendo un negocio únicamente para los frigoríficos de la provincia que exportan la carne que deberían poder comer los santacruceños si su precio no fuera tan alto. Comerse un cordero hoy es un lujo para pocos, y los que se consiguen a buen precio son los flacos, sin una hebra de grasa y de color negro o azul, que no se pueden exportar y hay que cocinar a la olla; los que tienen la riñonada llena de grasa se van para el primer mundo o valen oro.
Santa Cruz es una provincia Peronista, y el Peronismo siempre detestó y promovió el odio al ganadero, y así llegamos al 2025, viendo la desaparición de la actividad ovina local, la que se encuentra dando sus últimos estertores.
Mientras tanto el SENASA y el RENATRE siguen amontonando gente en sus oficinas en calidad de empleados públicos rascándose a cuatro manos y cobrando sueldos de varios millones sin importar que haya pandemia, sequía, nevadas o predadores que maten a los animales directa o indirectamente, mientras votan Peronismo para conservar sus laburos de parásitos.