(Por: Rubén Lasagno) – La pregunta que muchos nos hacemos sobre la inusitada decisión del gobierno de Santa Cruz de vender tierras frente al glaciar entre gallos y media noche es ¿Cómo puede Vidal defender a capa y espada un proyecto a contramano de las leyes, la lógica y la transparencia?
La estrategia del Ejecutivo provincial para sostener el decreto frente al escándalo que se armó en la provincia, se apoya en una coartada formalista que choca de frente con los principios constitucionales y legales analizados por abogados, juristas, politólogos y empresarios del ramo inmobiliario a quienes hemos consultado.
Voceros del Gobierno como el titular del CAP, Hugo Garay, repiten que no se trata de tierras fiscales, sino de una compraventa entre privados en una zona donde la mayoría de la superficie ya es privada.
Con esta media verdad, lo que en realidad hacen, es ocultar el núcleo ilegal de la medida: aunque la tierra sea privada, pesaba sobre ella una prohibición reglamentaria general (Decreto N° 0994/17) que impide vender áreas protegidas a extranjeros. Al romper esa regla para un solo caso, el Gobernador viola el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y la igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución Nacional).
El Gobierno publicó el Decreto N° 0915/2026 en el Boletín Oficial recién el 22 de septiembre, tres semanas después de firmarlo y lo hizo en versión sintetizada, ocultando los considerandos técnicos, económicos y ambientales. La apuesta oficial parece haber sido consumar la autorización administrativa sin debate público, evitando las audiencias o consultas ciudadanas que exigen la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566).
Finalmente, la defensa cerrada del Ejecutivo provincial ignora deliberadamente que un gobernador no tiene facultades para eximir a una empresa extranjera del cumplimiento de leyes nacionales de orden público. Ni el decreto ni los funcionarios provinciales han podido explicar hasta hoy cómo sortearán la prohibición del artículo 10 de la Ley Nacional N° 26.737 de Tierras Rurales (vigente por medida cautelar judicial), que impide a capitales extranjeros adquirir tierras con costas sobre grandes cuerpos de agua como el Lago Argentino, ni si cuentan con la autorización federal obligatoria de Zonas de Seguridad de Frontera (Decreto-Ley N° 15.385/44).
¿Empresa fantasma?
Yo me pregunto ¿Qué seriedad puede tener una empresa creada prácticamente para esta operación dos meses antes?. Es a todas luces una estructura “cáscara” sin antecedentes locales. El documento de la Fundación Sur Santa Cruz que analizamos ayer, subraya una anomalía temporal evidente: el expediente administrativo se inició en 2023 (Expediente CAP-N° 495.894/23), pero la sociedad adquirente fue constituida recién en julio de 2026, apenas semanas antes de que el gobernador firmara el decreto el 1 de septiembre de 2026. Pareciera ser una sociedad creada para este negocio o el negocio creado para esta emprensa.
Aunque en los negocios internacionales es bastante habitual crear una filial local (Sociedad Anónima Unipersonal – SAU) para aislar el riesgo financiero de un proyecto, desde el punto de vista del derecho público y ambiental plantea un problema grave de solvencia y trazabilidad.
Una sociedad creada hace 60 días en el país, carece de historial técnico, ambiental y patrimonial propio en la jurisdicción para responder ante eventuales daños en un área natural protegida. Más aún, resulta altamente irregular que todo el proceso previo, incluida la Declaración de Impacto Ambiental que el Gobierno dice haber aprobado en 2024, se haya tramitado para un titular anterior y luego se adjudique un traje normativo a medida para una sociedad recién inscripta. Hay serias sospechas de corrupción y esto debe ser denunciado, investigado y aclarado.
Esta empresa, tal como fue analizada, por los aspectos legales y ocultos de su propósito, pudo haber sido creada en el exterior para ocultar a los responsables o ara darle una pátina de seriedad “a inversores armados” para esta operación. Todo eso es posible y más aún a estas conjeturas ayuda la falta de información, el ocultamiento y las mentiras que rodean el caso. Veamos.
El hecho de que el expediente sea de 2023 y el supuesto aval ambiental de 2024 demuestra que el diseño del negocio y el lobby administrativo ante la provincia no los inició la firma creada en julio de 2026, sino los titulares locales previos (Lacustre del Sud S.A.).
En el mercado de tierras patagónicas, de acuerdo a las averiguaciones practicadas por OPI Santa Cruz, es frecuente que operadores locales gestionen permisos y excepciones estatales que valorizan exponencialmente la tierra para luego transferir el “paquete llave en mano” a un comprador foráneo. En ese esquema, invocar a un grupo de Dubái (Albwardy Investment) sirve para otorgarle al Gobierno provincial una pátina de prestigio e inversión internacional con la cual vestir de “política de Estado” lo que en los papeles es un negocio inmobiliario privado y con serias sospechas de participación de algunos altos funcionarios del gobierno provincial y su entorno.
Menos claridad que explicaciones
Al mismo tiempo, que el único accionista de la SAU argentina sea una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) registrada en Dubái introduce un velo de opacidad jurisdiccional.
Emiratos Árabes Unidos es una plaza financiera donde no es sencillo para la justicia argentina, la Legislatura de Santa Cruz o la ciudadanía rastrear si dentro de la estructura societaria de ese vehículo específico (ASB Hospitality LLC) participan, como socios minoritarios, intermediarios o beneficiarios finales, empresarios o actores vinculados al poder local.
Por eso, tanto desde sectores políticos como institucionales, se exige abrir el expediente completo para conocer la cadena societaria y los contratos. El gobierno se opone a clarificar, no transparenta la operatoria, envía a sus soldados como es el caso de Godoy a ratificar el apoyo y justificar la operatoria sin dar ninguna explicación técnica ni aportar pruebas palpables de que los cuestionamientos son falsos o erróneos,
Por todo lo dicho, por las sospechas que genera el decreto de Vidal que entrega tierras protegidas a una firma creada recientemente, con un decreto a medida, entre secretos oficiales y la posible comisión de un negociado con un área protegida provincial, es que crecen las sospechas de, al menos, una complicidad oficial en el pase de manos de tierras a capitales (supuestamente) de Dubai, hoy deja seriamente comprometida la honorabilidad del gobernador y lo acusan (como mínimo) de “facilitador” de un oscuro negocio en la Península de Magallanes.
En este sentido hay un convencimiento de que el Ejecutivo maniobra fuertemente en la política provincial para blindar una venta millonaria en la reserva más sensible de Santa Cruz y más allá de aquellos sectores enfrentados políticamente con Vidal, que aprovechan para llevar agua ara su molino, la realidad es que esta cruzada en la que se encuentra subido Claudio Vidal es grave, muy delicado y extremadamente peligroso para su futuro y no solo el político.
Paralelamente, dentro de su propio partido, comienzan a fruncir la nariz los diputados propios y aliados que ven detrás de todo eso, un negocio de unos pocos y particularmente observan que desde el Ejecutivo los obligan a tomar partido por una cuestión en la que son convidados de piedra. (Agencia OPI Santa Cruz)