Un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro dejó un saldo de al menos 64 muertos, incluyendo cuatro policías, y 81 arrestados este martes. La operación, que movilizó a 2.500 agentes de seguridad estatales en los complejos de Alemão y Penha, en la Zona Norte, buscaba ejecutar 100 órdenes de arresto y frenar lo que el gobernador Claudio Castro denominó la expansión territorial de la organización. La intervención desató una respuesta violenta inmediata y represalias que escalaron la alerta operacional de la ciudad.
Los agentes fueron recibidos de madrugada con disparos y barricadas incendiadas por parte de los narcotraficantes. Según la Policía Civil, los criminales utilizaron drones para lanzar bombas en un intento por frenar el avance policial, mientras otros huían en fila india por la parte alta de la comunidad, en una escena reportada como similar a la masacre de 2010. A pesar de la resistencia, las fuerzas de seguridad capturaron a figuras clave, incluyendo a Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo y uno de los líderes del CV en la región, y a Nicolas Fernandes Soares, identificado como operador financiero de Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso.
Como represalia directa a la incursión policial, miembros del Comando Vermelho organizaron bloqueos en múltiples zonas de Río de Janeiro durante la tarde. Se instalaron barricadas con vehículos confiscados y escombros en vías principales como Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y la Rua Dias da Cruz. La situación obligó al Centro de Operaciones y Resiliencia de Río a elevar el nivel operacional de la ciudad al nivel 2, de una escala de 5, mientras la Policía Militar suspendió actividades administrativas para desplegar a todo su personal en las calles.
El gobernador Claudio Castro calificó la situación como “narcoterrorismo” y justificó la operación como una respuesta necesaria del Estado. Sin embargo, tanto Castro como su secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, señalaron las limitaciones de sus fuerzas. Santos afirmó que la operación fue diseñada sin apoyo del gobierno federal y que es “imposible” controlar los 9 millones de metros cuadrados de ocupación irregular de Alemão y Penha únicamente con efectivos estatales. Castro fue más directo al afirmar que la situación excede las competencias de Río y que ya debería existir una integración con las fuerzas federales.
La magnitud de la incursión requirió la movilización de helicópteros, drones, vehículos blindados y unidades de demolición. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban cumplir las órdenes judiciales, los vecinos de las comunidades reportaron intensos tiroteos desde la madrugada y dificultades para salir de sus viviendas. Al menos cinco centros de salud en Penha y el Complexo do Alemão debieron suspender sus actividades por motivos de seguridad, mientras el gobierno de Río de Janeiro advirtió que la operación continuará hasta restablecer el control del territorio. (Agencia OPI Santa Cruz)