(Por: Rubén Lasagno) – El debate sobre la Ley de Tierras impulsado por Javier Milei gira en torno a la desregulación de la propiedad rural para facilitar la inversión extranjera, en contraposición con la normativa actual que limita severamente esta posibilidad, entró en un “salsipuedes” en el Congreso donde el oficialismo quiere ir por toda la libertad para comprar y vender tierras a cualquier persona extranjera y la oposición piensa que esas tierras son del Estado y comercializarlas es extranjerizar el país.
La Ley Nacional N° 26.737 (sancionada en 2011) fue creada bajo la premisa de proteger el dominio nacional y evitar la “extranjerización” del territorio. Sus conceptos y restricciones principales establecen como límite de posesión con un tope máximo del 15% de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal que pueden estar en manos de personas o empresas extranjeras. Dentro de ese 15%, los ciudadanos de una misma nacionalidad extranjera no pueden concentrar más del 30%; restringe a un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero la compra de tierras en la zona agrícola más productiva del país (zona núcleo) o su equivalente territorial y prohíbe terminantemente a los extranjeros comprar tierras que limiten o contengan cuerpos de agua permanentes de gran envergadura o inmuebles en zonas de seguridad de fronteras.
Por otro lado el proyecto de Javier Milei sostiene conceptualmente que la tierra es un activo económico y que las trabas impuestas por la Ley 26.737 ahuyentan la inversión extranjera y frenan el desarrollo de la bioeconomía, la minería y otros sectores.
En diciembre de 2023, el Ejecutivo intentó derogar por completo esta ley mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo era librar la compraventa de inmuebles rurales a la autonomía de la voluntad de las partes, sin embargo, la justicia interpuso una medida cautelar que frenó la derogación, restituyendo la vigencia y los controles del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Al no poder derogarla por decreto, el oficialismo trasladó la batalla al Congreso. Aunque la intención original del Ministro de Desregulación del Estado fue liberar por completo la compra sin ningún tipo de límite, las negociaciones políticas llevaron al gobierno a presentar dictámenes y reformas más moderadas.
Es así que ahora propondrían pasar del 15% histórico a un 25% como límite permitido para el control extranjero de tierras; permitir que cada provincia pueda establecer sus propias regulaciones, autorizando o prohibiendo operaciones dentro de su jurisdicción, dándole el poder a los gobernadores de negociar inversiones directas y otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de autorizar ciertas operaciones si considera que no representan un riesgo para la defensa o soberanía.
Siempre a los extremos
Este fenómeno de que no haya políticas de Estado, ya que cuando accede un gobierno de otro color político en Argentina cambia todo de un plumazo y a gusto de su propia estrategia política o ideológica, es conocido como el “movimiento pendular” de la Argentina y es quizás la característica más destructiva del sistema institucional y económico del país. La dinámica de ir de un extremo regulatorio a una desregulación total, sin escalas como en éste y otros tantos casos, responde a una suma de factores estructurales.
Una de ellos es la inestabilidad sociológica de los consensos, porque estar “en el medio” requiere acuerdos sostenidos en el tiempo y los gobiernos, especialmente de alianzas, carecen de esa visión a largo plazo.
En la Argentina, cada administración que asume lo hace con la premisa de que la historia comienza con ellos, hay una incapacidad crónica para construir sobre lo heredado. Si el gobierno anterior sobrerreguló un sector (como la tierra, los alquileres o la energía), el nuevo gobierno no busca auditar y corregir los excesos, sino detonar la ley por completo mediante decretos o mayorías automáticas.
Esto destruye cualquier posibilidad de política de Estado, ya que el país se la pasa derogando y restituyendo normativas cada cuatro u ocho años, lo que aniquila la previsibilidad.
En la era de la hipercomunicación, el “medio” no es un buen negocio electoral. La moderación exige pedagogía, explicar matices, conceder puntos al adversario y aceptar que la realidad es compleja. Los extremos, en cambio, ofrecen narrativas simples, emocionales y de rápida digestión por caso el “nacionalismo protector” o el “libre mercado salvaje“; de esta manera el gobierno y la oposición K busca polarizar cuestión que asegura titulares, fideliza a las bases y silencia a los críticos internos acusándolos de tibios o traidores, como sucede hoy en el Senado.
Todo esto sin contar que cuando las leyes se cambian de forma radical y abrupta de un gobierno a otro, como nos sucede cada cuatro años, se resquebraja la seguridad jurídica y, con ella, la transparencia. Entonces llegamos a la conclusión de que no hay nada en el medio de una tendencia y otra porque el sistema político ha convertido la moderación en sinónimo de debilidad. El resultado de este péndulo violento es un país que gasta toda su energía política en reescribir las reglas desde cero, en lugar de aplicarlas y mejorarlas de forma sostenida, es esto que tenemos hoy y que el gobierno el cual no tiene las manos absolutas, busca imponer. Durante el kirchnerismo esto rara vez pasaba porque obraban con mayorías que votaba a libro cerrado, cualquier demanda de Néstor o de Cristina. Pero en honor a la verdad, si hoy Milei tuviera esa oportunidad, haría exactamente lo mismo.
El concepto de coartada usado por el kirchnerismo
Los senadores K particularmente ya adelantaron que la votación va a ser negativa. Y acá aparece lo que en el análisis político se denomina “relato de coartada”, que explica cómo el kirchnerismo hoy se pone en contra de la adquisición de tierras por extranjeros pero no solo se sumió en un silencio profundo sino que fue cómplice del latifundista Lázaro Báez, testaferro de la familia Kirchner que con más de 50 mil hectáreas (solamente compradas en Santa Cruz) se hizo acreedora del 2% de las tierras santacruceñas, sobre los aproximadamente 2,5 millones de hectáreas que tiene la provincia.
Para desarmar y explicar este uso político del mensaje, separándolo del análisis estrictamente judicial del lavado en que se cimientan las causas que tienen embargadas esas propiedades compradas con dinero ilegalmente obtenido, quiero exponer cómo el kirchnerismo utilizó el concepto de soberanía como un dispositivo retórico, es decir, una forma de lenguaje que acude a las emociones y la sensibilidad social, para direccionar el mensaje hacia sus objetivos propios.
Lo primero que necesita el relato político es un antagonista claro para cohesionar a sus bases; en este caso Milei y su Ley de Tierras. En los discursos que escuché todos estos días, el kirchnerismo arreció en los medios con toda la artillería discursiva puesta en el “extranjero invasor” usando figuras recurrentes y reales como Joe Lewis o Luciano Benetton en la Patagonia. En realidad construyó una pantalla acústica perfecta, operando quirúrgicamente sobre la omisión de la historia reciente, como el Báez latifundista o la entrega de tierras a China para la base en Neuquén donde los argentinos no podemos entrar porque les cedió territorio y por ende soberanía por 100 años.
Si son míos son buenos, si son tuyos, malos
Mientras la opinión pública y la militancia discuten acaloradamente sobre la defensa de los lagos y las fronteras contra el capital internacional, el kirchnerismo invisibiliza la transferencia masiva de recursos y tierras que hizo popr años hacia el propio ecosistema de poder en el plano local e internacional que operó en los últimos 25 años.
El doble estándar al que hice mención al principio de esta nota, se sostiene políticamente apoyándose en una vieja matriz del populismo latinoamericano, esto es, la necesidad de crear una “burguesía nacional” que explote ideológicamente el concepto mental de que si la riqueza (o la tierra) se concentra en manos de corporaciones extranjeras, “es saqueo“, pero si esa misma concentración ocurre en manos de empresarios o personajes como Báez, alineados con el proyecto político (incluso si son testaferros), se justifica internamente como la formación de un capital nacional fuerte, capaz de disputarle poder a los actores tradicionales que ellos llaman la oligarquía histórica. De esta manera el latifundio pasa a ser tolerado porque es “nuestro latifundio“, sería la interpretación elíptica de esta cuasi doctrina partidaria ridícula y falsa.
Y acá viene la otra parte del uso político de la facción que se adueña de la definición de “Patria”. El kirchnerismo pretende instalar que al defender la Ley de Tierras está defendiendo a la Argentina y de esta forma tiene la autoridad moral necesaria, por ende, quien controla el “certificando de patriotismo” no necesita rendir cuentas por sus propias contradicciones.
La matriz discursiva asume que, como ellos son los defensores del modelo nacional, cualquier adquisición de tierras por parte de su entorno está, por definición, blindada de sospechas de traición a la patria.
No es “Patria” es poder territorial
En el plano estrictamente territorial y especialmente provincias como Santa Cruz tan extensas, la tierra define la matriz de poder; acumular hectáreas no es solo una cuestión de acopio de capital; es dominio territorial, por lo tanto criticar al extranjero pero habilitar el latifundio propio es una forma de asegurarse de que las zonas estratégicas queden bajo el control directo de su órbita política. La tierra otorga influencia sobre rutas, recursos, municipios rurales y la dinámica económica provincial y eso lo tenía muy en claro Néstor y Cristina cuando mandaron a Lázaro a comprar las estancias lideras al río Santa Cruz donde se levantarían las represas. Nunca hablaron de la concentración de Báez porque esa concentración era, en la práctica, la expansión de su propio control sobre el mapa de la provincia.
Por lo tanto, explicar este doble estándar que tiene el kirchnerismo para hablar en el Congreso y en los medios, requiere (para ellos) mostrar que la bandera de la “extranjerización” sea utilizada como una herramienta de distracción masiva. Les permite alzar la voz en el Congreso para defender la soberanía, mientras se mantiene un silencio cómplice en la provincia, frente a una de las mayores apropiaciones de tierras productivas de la historia reciente, financiadas con el propio dinero del Estado y donde la idea principal no era producir, de hecho, como lo informamosz en varias oportunidades estos años pasados, Báez, en su mayoría, vació las estaancias de ganado y desmanteló sus cascos.
De la soberanía entregada a los chinos, tampoco se habla porque es la parte de la historia que el kirchnerismo corre con la misma culpa que hoy invierte para oponerse a la Ley de Tierras de Milei. Es el maniqueísmo político en su estado puro en el que está inmersa la argentina desde hace 30 años donde pocas cosas son coherentes, cuando se trata de los intereses mezquinos de los poderes a los cuales les toca gobernar el país cada cuatro años. (Agencia OPI Santa Cruz)