(OPI TdF) – A más de dos años de la tragedia que conmocionó a Tierra del Fuego, la Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, rompió el hermetismo pericial y dictó el procesamiento de seis integrantes de la firma Air Delta, encargada del mantenimiento de la aeronave siniestrada. La resolución judicial marca un punto de inflexión: el accidente del Learjet 35A LV-BPA, ocurrido el 1 de julio de 2022, no fue una fatalidad azarosa, sino la consecuencia directa de una cadena de negligencias técnicas y gerenciales que costó la vida de cuatro personas. Bajo la carátula de “desastre aéreo culposo agravado“, la magistrada estableció embargos de 100 millones de pesos para cada uno de los imputados, apuntando al corazón operativo de la seguridad aeronáutica privada.
La decisión de Borruto disecciona la estructura de responsabilidad técnica, yendo más allá del error humano inmediato para señalar fallas organizacionales profundas. Entre los procesados se encuentra la cúpula directiva y técnica del taller: Daniel Jablonski (gerente), Rubén Barboza (representante técnico) y Dino Sánchez (inspector), junto a los mecánicos Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Leonardo Echeverría. Para la Justicia, la responsabilidad de Jablonski es crítica: se le imputa no haber garantizado “que el sistema organizacional de calidad y de seguridad operacional funcionara en forma efectiva“, omitiendo deberes de cuidado esenciales. Esta lectura judicial confirma que la aeronave, propiedad de Flying America pero mantenida por Air Delta, despegó con una sentencia de muerte latente en su mecánica.
El siniestro, que cobró las vidas del piloto Claudio Daniel Canelo, el copiloto Héctor Andrés Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denisse Torres García, expuso la fragilidad de los vuelos sanitarios, un recurso vital para una isla aerodependiente como Tierra del Fuego. Aquel día, tras cumplir con una derivación y dejar a una familia en Río Grande, la aeronave intentó regresar a San Fernando. Segundos después del despegue, una falla mecánica —que investigaciones preliminares vincularon a problemas en motores o hipersustentadores— tornó al avión ingobernable, precipitándose a tierra en una explosión inmediata. La familia de Torres García, representada por el abogado Francisco Ibarra, se constituyó en el motor de la querella que hoy ve los primeros resultados concretos.
Este fallo llega tras una larga espera de peritajes por parte de la Junta de Seguridad en el Transporte, que durante meses mantuvo la investigación en un limbo técnico. Si bien extraoficialmente se barajaron hipótesis sobre la falla de un reversor o el desprendimiento de un flap, el procesamiento actual valida la teoría de que el avión no estaba en condiciones de volar. La resolución de la Dra. Borruto envía un mensaje contundente al ecosistema aeronáutico: la omisión en los protocolos de mantenimiento tiene consecuencias penales directas, transformando lo que se presentaba como un accidente en un acto de irresponsabilidad criminal corporativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)