Los falsos argumentos que usó el gobernador Vidal cada vez que pidió endeudarse

(Por: Rubén Lasagno) – Ante el nuevo pedido de endeudamiento oficial, esta vez por 600 millones de dólares que en la Cámara acaban de pasar a “Comisiones”, hemos recorrido los argumentos que esgrimió el gobierno provincial en cada oportunidad en que pidió tomar deuda, tratando de estimular la empatía de los gremios, la oposición política y la opinión pública en general, para abrir la puerta de entrada que le permitiera en cada caso, evitar el rechazo y el choque negativo de la medida, con la sociedad que, obviamente, no les cree nada.

La evolución de los créditos, endeudamientos y autorizaciones de deuda durante la gestión del gobernador Claudio Vidal en Santa Cruz, de acuerdo a los informes del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y las leyes sancionadas por la Cámara de Diputados, presenta tres etapas operativas desde 2024 hasta la fecha.

Para ello vamos a dividir nuestro análisis en dos partes fundamentales: las acciones de cancelación del 2024 y toma de deuda y en segundo término los argumentos esgrimidos por el gobierno al momento de presentar esos pedidos públicamente y hacerle creer a los gremios y a la sociedad que irían a “fines nobles” que una vez tomado lo fondos, jamás se cumplieron.

Cancelación y reducción del pasivo

Durante el primer año de gestión, no hubo de parte del gobierno una toma de deuda extranjera. En junio de 2024, el gobierno provincial acordó con el Ministerio de Economía de la Nación la cancelación anticipada de una deuda de $23.000 millones proveniente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

El Informe Anual de Deuda Pública 2024 (Nota N° 207-S.E.H y F, presentada a la Legislatura), determinó que al 31 de diciembre de 2024 la deuda pública total de la provincia descendió a $ 5.156.940.632.

El 100% de ese stock quedó nominado en moneda nacional (pesos). El 64% correspondía a obligaciones con el Gobierno Nacional y distintos fondos (FFDP, FFFIR, FGS), mientras que el 36% restante obedecía a títulos provinciales de emisión voluntaria. El índice de endeudamiento cerró en un 3,98% sobre los recursos totales.

Ejercicio 2025 y Presupuesto 2026

Tras un cierre de ejercicio 2025 que expuso un déficit financiero superior a los $311.000 millones, el gobierno solicitó herramientas de apalancamiento a la Legislatura para afrontar el año 2026.

A través de la Ley N° 3908 (Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2026, sancionado en diciembre de 2025), se otorgaron las siguientes autorizaciones:

Emisión de Letras del Tesoro

El Artículo 24 autorizó la colocación de Letras por un valor nominal en circulación de hasta $100.000.000.000 (cien mil millones de pesos). Estas obligaciones deben ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero y el Ejecutivo quedó facultado para garantizarlas con recursos de libre disponibilidad o cediendo fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.548).

Operaciones de crédito público

El Artículo 23 habilitó al Ejecutivo a concertar operaciones de crédito para asegurar el financiamiento de partidas corrientes y cubrir los servicios de la deuda existente.

Proyecto de endeudamiento internacional

El movimiento financiero más relevante de la gestión de Vidal a la fecha, es el proyecto ingresado ayer y enviado hoy a Comisión en la Cámara de Diputados que tiene como objeto  obtener autorización legislativa formal para emitir bonos o tomar deuda por un monto de hasta 600 millones de dólares.

Los argumentos del gobierno en cada caso

Es interesante recopilar los argumentos oficiales esgrimidos por la administración provincial para cada uno de los movimientos financieros que enumeramos anteriormente, para conocer cómo es el modus operandi del gobierno en materia de excusas y/o campaña de convencimiento social, político y sindical.

Cancelación anticipada de la deuda con Nación (2024)

Cuando Vidal al inicio de su gestión procedió con la cancelación de la deuda originada por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) en épocas de Alicia Kirchner, el gobernador Claudio Vidal centró su justificación en la transparencia institucional, la corrección de irregularidades previas y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Vidal argumentó públicamente que la toma de ese crédito durante el gobierno de su predecesora presentó un “error gravísimo”, ya que se realizó de manera inconsulta. Expresó públicamente: “Lo que tendría que haber pasado, según la Constitución Nacional, por la Cámara era la toma del crédito”.

El mandatario justificó la erogación como una responsabilidad institucional que no podía esquivarse para lograr el orden fiscal y afirmó “No es agradable para nosotros enviar fondos provinciales a Nación, pero había que hacerlo”.

Desde la óptica macroeconómica, el movimiento financiero fue validado como un “cambio de época”, mostrando a Santa Cruz como un Estado que buscaba sanear su déficit heredado en lugar de solicitar nuevos rescates al Ejecutivo Nacional. Y esto tuvo su repercusión en el diario La Nación, que destacaba la proactividad y el plan de “saneamiento” financiero de la provincia.

Emisión de Letras del Tesoro

Ante la necesidad de apalancamiento a corto plazo (en pesos), el gobernador Vidal fue el principal vocero en explicar por qué la provincia necesitaba contar con esta herramienta de endeudamiento para transitar el año.

El argumento central del gobierno fue la asistencia directa a los compromisos ineludibles. El gobernador declaró que estos fondos “estarán destinados a cubrir obligaciones básicas del Estado”.

Vidal detalló de forma específica la urgencia del flujo de caja: “Hay que cubrir salario de los trabajadores pasivos [jubilados], pagar prestaciones de la Caja de Servicios Sociales y también aportar a los salarios de los trabajadores”.

Justificó esta necesidad de liquidez inmediata como “un soporte temporal indispensable mientras la provincia materializa su nueva “mirada productiva” y genera ingresos genuinos a través de la reactivación de áreas relegadas (petróleo convencional, nuevos acuerdos mineros y desarrollos agroproductivos)”.

Pero en casi todos los casos, los mismos funcionarios del gobierno en distintas declaraciones han terminado contradiciéndose entre si desnaturalizando los argumentos del gobernador y dejando a rojo vivo la mentira oficial, con el solo fin de lograr los consensos que nunca tuvo, sacando los de su propia banca en diputados.

Los USD 600 millones

Frente a la reciente solicitud a la Cámara de Diputados para emitir deuda en divisa extranjera, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura (a través de vocerías de la cartera y del ministro Ariel Verbes) fundamentó el pedido basándose en la necesidad de suplir el retiro del Estado Nacional de la ayuda a Santa Cruz.

El Ejecutivo provincial defendió el proyecto asegurando categóricamente que la toma de dólares no se utilizará para gasto corriente, sino que “los fondos estarán destinados a obras estratégicas, energía e infraestructura”.

Desde la cartera de Hacienda justificaron el pedido advirtiendo sobre el impacto del actual contexto macroeconómico, argumentando que “el crecimiento del déficit y la caída de recursos nacionales” (por recortes en transferencias y la paralización de la obra pública nacional) obligan a la provincia a buscar esquemas de financiamiento externo propios para no detener su desarrollo y evitar el estancamiento de sus matrices productivas (¿?)

YPF y los U$S 350 millones

El acuerdo de desvinculación firmado en abril de 2025 entre el gobernador Claudio Vidal y el presidente de YPF Horacio Marín, por el cual la petrolera se comprometió a un desembolso que rondó entre los 335 y 365 millones de dólares, fue justificado por el gobierno provincial basándose en tres ejes argumentativos centrales, como excusa de inversión con las promesas de trabajo, reactivación y progreso de zona norte. Nada de esto resultó real.

Pasivos Ambientales

El argumento principal y de mayor peso esgrimido por el Ejecutivo fue que este pago constituía un resarcimiento económico ineludible por el impacto ecológico generado. El gobierno sostuvo que YPF debía responder por los daños ambientales y la falta de remediación acumulada durante casi 80 años de explotación ininterrumpida en los yacimientos convencionales de Santa Cruz, previo a concretar su retirada. Como demostró OPI en la investigación sobre el Acuerdo Petrolero, la mayoría de sus cláusulas leoninas son a favor de YPF y en contra de Santa Cruz.

Compensación por inversiones pendientes

La administración provincial justificó que el monto acordado con YPF también incluía el pago por compromisos de inversión que la petrolera nacional no había ejecutado. Se argumentó que YPF arrastraba compromisos globales de inversión en la provincia (ratificados en acuerdos y leyes provinciales previas, como la de 2022) y que, al decidir retirarse de la cuenca para enfocar su capital en Vaca Muerta, debía compensar a Santa Cruz por ese lucro cesante y las obras no realizadas.

Recuperación de las áreas y traspaso a FOMICRUZ

A nivel político y productivo, el gobierno presentó este acuerdo económico como el paso necesario para recuperar el control de los recursos provinciales.

El argumento oficial se centró en que, al recibir las áreas maduras transferidas a la empresa estatal FOMICRUZ junto con este capital compensatorio, la provincia ganaba la libertad para buscar nuevos operadores (pymes y empresas más pequeñas). Según la justificación oficial, esta era la única vía para reactivar yacimientos que YPF ya consideraba no rentables y garantizar así la continuidad de los puestos de trabajo en el sector petrolero santacruceño.

Nada o muy poco de esto pasó. En los momentos previos a cada movida financiera de toma de crédito o al recibir fondos como los de YPF o el pago de la deuda dejada por Alicia Kirchner, el gobierno recurrió a la mentira lisa y llana de que esos fondos iban a ser aplicados a objetivos que nunca resultaron ciertos.

Ahora, con relación al endeudamiento de 600 millones de dólares, el gobierno vuelve a mentir. Para desactivar la respuesta reactiva de los gremios y de la sociedad que ya no se cree más los argumentos falaces que preludia este tipo de iniciativas; al corroborar que los objetivos planteados no se cumplen o se cumplen a medias; al conocer que nada de la plata que entra a la provincia está destinada a la reparación salarial de los empleados públicos y por el contrario, que la provincia deja deudas impagables y todo sigue igual (Salud destruida, Educación deteriorada, sueldos por debajo de la línea de pobreza), las iniciativas de este tipo ya cuentan con la reprobación pública y que el gobierno tenga las manos para concretar estos dislates en la Cámara, no les asegura que la impopularidad de estas acciones sean contra producentes y lo llevarán a ser eyectados del poder en el 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)