La Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 disuelven la estructura regulatoria de programas de consumo y eliminan la obligación de los colegios privados de informar sus cuotas.
El Ministerio de Economía fundamentó la eliminación de 58 normas comerciales en la búsqueda de transparencia de mercado, pero la letra chica del Boletín Oficial de este martes confirma el fin definitivo del financiamiento subsidiado para las provincias y la liberación total de los aranceles en la educación privada.
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME formalizó la medida desregulatoria que entierra los programas Ahora 12, Cuota Simple y las estructuras residuales de Precios Cuidados. El texto oficial argumenta que la no renovación de estos sistemas busca normalizar el mercado de crédito, lo que en la práctica traslada el costo financiero total de las compras en cuotas directamente a las tarjetas de los usuarios patagónicos.
El impacto de la quita de subsidios al trigo y al crédito
La liquidación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) implicó la baja inmediata de 22 normativas complementarias. El Poder Ejecutivo disolvió el fideicomiso de intervención directa en la cadena triguera tras dictaminar que el andamiaje legal carecía de sustento. La eliminación de este subsidio impacta en los costos de la harina que compran las panificadoras de Santa Cruz, las cuales asumen ahora el precio pleno del insumo sin amortiguación estatal.
Respecto al consumo masivo, la resolución desactivó 30 normativas de los programas Ahora 12 y Cuota Simple, sumadas a 1 normativa accesoria de Precios Cuidados. El Palacio de Hacienda justificó el fin del fomento crediticio bajo el argumento de eliminar distorsiones en la asignación de capital. Esta desregulación quita el piso de tasas de interés preferenciales para la adquisición de electrodomésticos, indumentaria y bienes durables en el comercio minorista local.
Liberación de cuotas en colegios privados y reclamos de consumo
La desregulación oficial alcanzó al sistema educativo arancelado mediante la derogación de 4 normativas vigentes. Las instituciones privadas de enseñanza ya no poseen la obligación de notificar anticipadamente sus aranceles ni requieren el aval del Estado para aplicar incrementos. La administración central afirmó que la exigencia de informar los valores generaba aumentos preventivos y arbitrarios, por lo que habilitó la fijación libre de precios en función de los costos operativos de cada establecimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)
