Claudio Vidal está cambiando la justicia en Santa Cruz; conozca cómo y cuál es el perfil de algunos candidatos procesados

(Por: Rubén Lasagno) – Tenemos en nuestro poder el documento emitido por el Consejo de la Magistratura el 01 de septiembre 2026 realizado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz que, para resumir su contenido, su objetivo es detallar el concurso para cubrir tres (3) cargos de Juez/a de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1, con asientos en las localidades de Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

Las calificaciones finales se ponderaron aplicando los siguientes porcentajes a cada etapa del proceso: oposición (40%), antecedentes (20%) y entrevista personal (40%). Como sabemos y así lo hacía el kirchnerismo también, es la última etapa (entrevista personal) donde se aplican arbitrariamente consideraciones que hacen que los elegidos, finalmente, no sea por orden de mérito, sino por acomodo político, entre otras cuestiones.

Al tratarse de un concurso múltiple para tres vacantes, en esta oportunidad el CM conformó una lista de mérito integrada por los cinco primeros aspirantes (la cantidad de cargos a cubrir más dos), la cual fue remitida al Poder Ejecutivo Provincial para la selección final.

El listado de postulados y puntaje final según Orden de Mérito dispuesto en el documento oficial, es el siguiente:

¿Antecedentes o prontuarios?

Normalmente se dice que en la justicia se accede por méritos, antecedentes y trayectoria, sin embargo en este caso específico ponemos seriamente en duda el mecanismo de propuesta, selección y puesta en el cargo de algunos de los nominados.

Buscando los antecedentes de los postulados nos encontramos con el apellido de una abogada que “nos sonaba” de la cuenca carbonífera, cuando se armó una controversia porque defendía profesionalmente a Fernando Españón, el amigo del gobernador, ex intendente de 28 de Noviembre de cuya gestión tiene denuncias por tres abusos sexuales (uno con acceso carnal) además de otras por fraude en la administración pública y otros delitos sobre cuya investigación la justicia tuvo amnesia y después de que el Juez Yance pidiera su desafuero en la Cámara, cuando Españón era diputado, ahora que está sin fueros al magistrado parece que le agarró lo que seguramente será un olvido pasajero, porque Españón no fue llamado a indagatoria o cosas por el estilo.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, quien está en la lista de candidatos para hacerse cargo del juzgado de Río Turbio, es la abogada Débora Soledad González tercera en el listado con 61,75 puntos y que a criterio de las fuentes consultadas “en la número puesto del gobernador para el cargo”.

Más allá de que la doctora Débora González fue cuestionada cuando como mujer salió en defensa de un funcionario público acusado de triple abuso sexual, las fuentes aluden que ayudó la amistad que une a González con el gobernador Claudio Vidal.

Cuando Españón dejó la municipalidad y se desempeñaba en la Legislatura, su caso por las graves acusaciones que pendían sobre él, las tomó como abogada defensora Yamila Borquez quien terminó siendo Jueza de Instrucción N° 2 en esta capital por elección del mismo Vidal.

No somos pocos los que pensamos que “ser abogada de Españón da suerte” y que posiblemente, por ese motivo la abogada Débora González va a terminar en el Juzgado de Río Turbio.

Pero esto no sería nada si la abogada Débora Soledad González no estuviera procesada y aquí si la cosa se pone más seria.

La postulante para integrar la justicia de Santa. Cruz que el gobernador le dice a quien quiera oírlo que la quiere cambiar, tiene un auto de procesamiento dictado en el expediente FCR 5043/2018 del Juzgado Federal de Río Gallegos, en el marco de una investigación por diversos hechos de violencia y coacción ocurridos a principios de 2018 derivados de un conflicto gremial por despidos en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La causa está caratulada “NAVARRETE, Marco Antonio y otros s/ av. delito” del año 2020.

Débora Soledad Gonzalez en el expediente que tenemos en nuestro poder está imputada junto a 15 personas más, se la identifica como abogada y al momento de los hechos era jueza de falta de la localidad de 28 de Noviembre.

Las imputaciones

En el documento judicial se le imputa haber participado en un obrar coactivo el 16 de febrero de 2018 en contra del Dr. Juan Carlos Pons, Subgerente de Asuntos Jurídicos de YCRT.

De acuerdo a los datos surgidos del archivo de OPI Santa Cruz el hecho ocurrió en la sede de YCRT, donde Pons fue retenido contra su voluntad en una sala de conferencias por un grupo de personas, entre las que se encontraba González en su rol de abogada del sindicato.

El grupo sometió a Pons a insultos y amenazas con el fin de obligarlo a recibir una nota, habilitar lectores biométricos y firmar un documento (redactado por la propia Dra. González) mediante el cual se retiraban denuncias previas contra delegados gremiales.

A pesar de que el Dr. Pons comenzó a experimentar una emergencia médica cardíaca (diagnosticada luego como un cuadro de infarto), el grupo le impidió salir para recibir atención médica adecuada hasta que accedió a las demandas exigidas y recién ahí González firmó el documento.

El juez de la causa determinó que el accionar en el que participó González se encuadra en el delito de amenazas coactivas agravadas. El agravante se aplicó oportunamente porque la coacción estuvo orientada a obligar a la víctima a adoptar una decisión administrativa dentro de sus funciones como representante del poder público o empresa estatal.

Sin embargo se determinó que González actuó en calidad de coautora, “ya que medió un obrar conjunto, coordinado y con conocimiento pleno de que se estaba amenazando a la víctima para torcer su voluntad” señala la parte resolutiva.

De esta manera el juez interviniente dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Débora Soledad Gonzalez como coautora del delito de coacción agravada y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).

Piden la anulación de todo el proceso

Ante el listado prejuicioso que el gobierno armó con los postulantes a jueces el abogado Leandro Fabián Ruggeri, aspirante en el Concurso Múltiple N° 115, ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, interpuso un recurso de Reconsideración donde solicita “la nulidad absoluta e insanable de la totalidad de la etapa de entrevistas personales realizada el 1º de septiembre de 2026 para todos los concursantes” indica la denuncia del abogado a la cual tuvimos acceso.

El pedido del abogado se fundamenta en que el procedimiento careció de imparcialidad y estuvo afectado por graves irregularidades, desviación de poder y prejuzgamiento, por ese motivo solicitó formalmente que se deje sin efecto el orden de mérito emitido y se ordene una nueva audiencia general de entrevistas para restablecer la legalidad y la transparencia del proceso.

De acuerdo al abogado que marca la controversia falta de evaluación técnica e igualdad de trato en el proceso. Argumenta que el Consejo omitió deliberadamente realizarle preguntas de contenido técnico-jurídico, limitando su entrevista a cuestiones puramente personales y de motivación, lo que rompió la simetría procedimental respecto a los demás concursantes que sí fueron evaluados en su especialidad.

También alude a “la realización de pregunta tendenciosa y mala fe procesal” al advertir que fue interrogado de forma capciosa sobre supuestos sumarios administrativos en su contra en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Señala que el fin de esta pregunta era afectar su reputación y predeterminar su descalificación, ignorando que él ya había presentado documentación oficial que acreditaba la inexistencia de dichas sanciones.

Hace mención también al corte injustificado del tiempo pues alega que el Consejo interrumpió su entrevista de manera unilateral a los 20 minutos, privándolo de la mitad del tiempo de 40 minutos que estaba formalmente pautado y que sí se le brindó al resto de los postulantes.

Ruggieri también jace mención a una calificación arbitraria y perjuicio concreto en su contra pues sostiene que la calificación de 34,29 puntos otorgada en la entrevista carece de fundamentación lógica y tuvo el propósito de degradarlo intencionalmente al noveno puesto para excluirlo de la terna final, a pesar de que sus notas previas (60 puntos en oposición y 34,80 en antecedentes) lo hacían un candidato competitivo.

Acusa al proceso de filtración previa de resultados y al respecto denuncia la circulación pública de un documento llamado “LISTADO” el día 2 de septiembre de 2026, el cual contenía exactamente los nombres de los cinco seleccionados antes de la notificación formal del orden de mérito. Afirma el abogado que esto demuestra que el concurso fue un simulacro para convalidar un resultado predeterminado extra-reglamentariamente.

Finalmente recusa al Presidente del Consejo el Dr. Daniel Mauricio Mariani, solicitando su apartamiento del tratamiento del recurso por falta de objetividad y prejuzgamiento. Lo responsabiliza de no custodiar el secreto de los resultados y de comandar el interrogatorio malicioso, así como de avalar el recorte de tiempo en su entrevista.

Bajo estos términos descritos en esta investigación y con el amparo de los documentos que dan fe de cada una de las cuestiones planteadas aquí, el gobierno provincial pretende “cambiar la justicia de la provincia”, para diferenciarla de la que tenía el kirchnerismo. (Agencia OPI Santa Cruz)