Oficialismo acuerda sesión clave para liberar venta de tierras rurales

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El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación cerró un acuerdo político con las bancadas aliadas para convocar a una sesión especial el próximo 18 de junio de 2026. El objetivo central del entendimiento parlamentario es el tratamiento del proyecto de propiedad privada, una reforma legislativa diseñada para derogar la Ley 26.737 y eliminar los límites vigentes que impiden a corporaciones y empresarios extranjeros la adquisición irrestricta de tierras rurales en territorio argentino.

El pacto de las fronteras abiertas

El borrador consensuado estipula que cada Gobernador provincial resolverá de forma discrecional la aprobación de las operaciones comerciales inmobiliarias, condicionando el proceso a que cada legislatura local sancione previamente su propia norma de tierras.

El texto en discusión introduce una cláusula de excepción para zonas de seguridad de fronteras o transacciones que involucren a Estados soberanos extranjeros, situaciones donde se requerirá de manera obligatoria el aval del Congreso de la Nación. Los negociadores parlamentarios disponen de un plazo de nueve días para redactar las modificaciones definitivas antes de llevar el articulado al recinto.

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Pliegos judiciales y delitos ambientales

La ingeniería del acuerdo legislativo incluyó la incorporación de siete pliegos judiciales con dictamen de comisión, entre los cuales destaca la designación del camarista Víctor Pesino. La postulación de este magistrado enfrenta el rechazo del bloque peronista debido a sus fallos precedentes favorables a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

La convocatoria del 18 de junio de 2026 contempla además la votación de un proyecto que fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos ambientales graves y ratifica diversos convenios internacionales. En paralelo, la jefatura del oficialismo pactó el inicio de reuniones informativas para avanzar con la reforma del régimen de sociedades comerciales, un esquema que reduce la participación estatal y habilita la constitución de firmas comerciales mediante el uso de inteligencia artificial. (Agencia OPI Santa Cruz)

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