La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de queja interpuesto por los imputados Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ratificando que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continuará bajo la órbita del fuero Penal Económico. La resolución judicial destraba el expediente que analiza el origen de la denominada mansión de Pilar, un predio rural en la localidad bonaerense de Villa Rosa atribuido al dirigente futbolístico Pablo Toviggino. El tribunal dictaminó la inadmisibilidad del planteo que buscaba paralizar las actuaciones hasta obtener la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la estructura societaria y los titulares formales operaron como presuntos testaferros para canalizar recursos espurios. La propiedad se adquirió formalmente en mayo de 2024 por un monto declarado de 1,8 millones de dólares. Una tasación oficial posterior incorporada a la causa determinó que el valor real del inmueble asciende a 17 millones de dólares. Las instalaciones inspeccionadas registran un helipuerto, caballerizas, infraestructura deportiva de alta complejidad y una colección de vehículos de alta gama tasada en más de 3 millones de dólares.
La denuncia penal originaria fue presentada el 1° de diciembre de 2025 por los dirigentes políticos Elisa Carrió, Juan Manuel del Gaiso y Matías Yofe. La presentación individualizó maniobras de blanqueo de capitales a través de la firma Real Central SRL, sociedad que detenta la titularidad jurídica del predio. El análisis de los registros de ingreso a la finca detectó la presencia recurrente de Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la institución madre del fútbol local, elemento que vincula directamente el patrimonio bajo análisis con el entorno del directivo.
Los peritos contables concentran las auditorías en el flujo de caja y en el uso de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA utilizada por el imputado Luciano Pantano para solventar gastos operativos. El traspaso definitivo de las actuaciones a la jurisdicción especializada en delitos financieros complejos busca unificar un proceso que ya atravesó la intervención de tres magistrados diferentes. La fiscalía prevé ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las firmas asociadas para determinar la trazabilidad final del dinero. (Agencia OPI Santa Cruz)