(OPI TdF) – El Ministerio de Energía provincial denegó la extensión contractual en tres yacimientos estratégicos por falta de documentación societaria y compromisos técnicos pendientes, abriendo la vía hacia una nueva licitación que requerirá aval parlamentario.
El 17 de agosto próximo finalizará la operación de la empresa Roch S.A. en los bloques CA-12 “Río Cullen”, CA-13 “Las Violetas” y CA-14 “Angostura”. La ministra de Energía, María Gabriela Castillo, formalizó el rechazo a la prórroga contractual solicitada por la operadora privada mediante la Resolución del Ministerio de Energía 82/26, fechada el 29 de julio. La medida concluye una etapa de 35 años de actividad continua de la compañía en la cuenca hidrocarburífera de Tierra del Fuego, donde inició sus tareas en 1991.
La Resolución 82/26 desestimó el pedido de la firma en su rol de integrante de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), consorcio que integran Petrolera El Trébol S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A., Crown Point Energía S.A., St. Patrick Oil & Gas S.A. y Secra S.A. La Secretaría de Hidrocarburos detectó la falta del Joint Operating Agreement vigente y la ausencia de instrumentos que avalen la voluntad societaria de todas las socias, incumpliendo las resoluciones 06/2023 y 19/2023.
Incumplimientos de inversión y reclamos de reversión
El desencuentro administrativo sumó antecedentes el 18 de noviembre de 2025, cuando la concesionaria propuso devolver 210,3 kilómetros cuadrados de Río Cullen (59,44% de la superficie), 536,28 kilómetros cuadrados de Las Violetas (44,29%) y 228,9 kilómetros cuadrados de Angostura (54,8%). En marzo, la cartera energética rechazó la restitución parcial tras registrar observaciones por pasivos ambientales e incumplimientos en las metas de inversión pautadas. Roch S.A. desestimó los cuestionamientos técnicos oficiales, argumentó que la cesión de superficie representaba un derecho reglamentario de la operadora y sostuvo que mantenía sus obligaciones saneadas.
El dictamen del Servicio Jurídico Permanente ministerial determinó que la extensión de un área bajo la Ley Nacional 17.319 responde a una facultad del Estado y no a un derecho adquirido del adjudicatario. El artículo 3° de la norma administrativa encomendó a la autoridad hidrocarburífera la continuidad operativa de los yacimientos bajo los marcos regulatorios vigentes, sin confirmar aún qué operador asumirá el control de los pozos activos tras el cese formal de actividades.
El requisito legislativo y el marco de adjudicación
Las modificaciones introducidas en 2024 a la legislación hidrocarburífera nacional prohíben la adjudicación directa de bloques vencidos sin convocar a un proceso de licitación pública. A diferencia del esquema aplicado en 2025 sobre las áreas de YPF mediante la Ley Provincial 1604 —norma que traspasó el 100% de la participación en Lago Fuego, Los Chorrillos y Fracciones A, B, C, D y E a Terra Ignis Energía con una prórroga de 10 años—, el instrumento actual no asignó las tres áreas a la empresa estatal fueguina.
El artículo 84 de la Constitución de Tierra del Fuego sujeta cualquier futuro convenio o concesión para la producción, extracción o transporte de hidrocarburos a la aprobación de la Legislatura provincial. La ratificación parlamentaria exigirá una mayoría especial de dos tercios de la cámara, equivalente a 10 votos sobre el cuerpo integrado por 15 legisladores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)