El pliego para licitar 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias exige planes de obras durante los primeros cinco años y habilita el régimen de incentivos fiscales con un piso de inversión de 200 millones de dólares.
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, oficializó la convocatoria a licitación pública nacional e internacional para concesionar por un plazo de 50 años la operación y el mantenimiento integral de la red bajo control de Belgrano Cargas y Logística S.A. en la ciudad de Buenos Aires. La medida administrativa transfiere al capital privado la explotación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema de acceso abierto que suprime el financiamiento operativo directo por parte del Estado Nacional.
La infraestructura licitada comprende un tendido de 7.594 kilómetros distribuido a lo largo de 16 provincias, con nodos de vinculación hacia los puertos fluviales y marítimos y conexiones fronterizas operativas con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Según las especificaciones de la Secretaría de Transporte de la Nación, los pliegos contemplan la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para aquellos oferentes que comprometan desembolsos iniciales por un mínimo de USD 200 millones en la renovación de vías.
El titular del Palacio de Hacienda fundamentó la apertura del proceso licitatorio en el desbalance operativo acumulado por la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. desde el año 1970. En su exposición técnica, Caputo remarcó que la producción agropecuaria multiplicó por seis su volumen total en el último medio siglo, mientras que el transporte de carga por ferrocarril redujo su tonelaje efectivo respecto a dicho período debido a la falta de inversiones en infraestructura.
Los informes de gestión del sector público expusieron que durante el ejercicio 2023 la operadora estatal registró pérdidas operativas sostenidas y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% en el mantenimiento programado de locomotoras y vagones. La carencia de revisiones técnicas periódicas derivó en un incremento de los descarrilamientos sobre la red troncal, demandando transferencias corrientes permanentes del Tesoro Nacional para sostener la operatividad mínima del servicio de cargas.
El plan de obras obligatorias y el fideicomiso de la Secretaría de Transporte
El esquema regulatorio determina la ejecución de un plan de obras obligatorias a concretar dentro de los primeros cinco años de concesión. El programa técnico incluye la eliminación del cuello de botella logístico en la traza urbana de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero en la Línea Belgrano, la rehabilitación del corredor principal en la Línea San Martín y la reactivación integral de la infraestructura troncal en la Línea Urquiza. Junto a estas exigencias directas, el régimen evalúa obras optativas que los oferentes podrán comprometer durante la competencia pública para sumar puntaje en la adjudicación.
El pliego faculta a los concesionarios a adquirir el parque tractivo y los vagones correspondientes a cada ramal. El producido financiero derivado de la venta o remate del material rodante ingresará de manera obligatoria a un fideicomiso de administración específica, recurso que se aplicará al financiamiento parcial de las obras de renovación de vías pautadas en los contratos.
El plazo contractual de cinco décadas apunta a viabilizar la amortización de inversiones de capital intensivo y captar el transporte de nuevas cadenas de valor exportadoras. El procedimiento administrativo responde a las autorizaciones de privatización fijadas por la Ley de Bases, cuya resolución regulatoria entra en vigencia tras su publicación formal en el Boletín Oficial de la República Argentina, quedando reservadas para el Estado las tareas de fiscalización y control normativo. (Agencia OPI Santa Cruz)