La iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso establece penas de prisión efectiva e inhabilitación para conductores ebrios, impidiendo además la prescripción de las causas penales durante las apelaciones judiciales en tribunales superiores.
Pamela Verasay, diputada nacional por la provincia de Mendoza y titular de bancada de la Unión Cívica Radical, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para reformar el Código Penal de la Nación Argentina. La propuesta parlamentaria tipifica la conducción con alcohol en sangre como delito autónomo y establece penas de prisión de cumplimiento efectivo para quienes provoquen muertes o lesiones graves mediante vehículos motorizados.
El proyecto elaborado junto al diputado nacional Lisandro Nieri suprime la categoría de infracción administrativa exclusiva que rige actualmente en la República Argentina para los conductores alcoholizados. El articulado fija escalas punitivas directas que habilitan la intervención del fuero penal antes de que la conducción riesgosa provoque daños a terceros, delimitando umbrales técnicos que separan la falta de tránsito municipal del ilícito penal.
La propuesta legislativa clausura los márgenes de ejecución condicional para homicidios culposos en incidentes viales, obligando a los jueces a dictar penas de encierro obligatorio e inhabilitación para conducir. De acuerdo con las declaraciones de Verasay, la reforma penaliza a quienes causen siniestros mientras conducen alcoholizados, violan las velocidades máximas autorizadas o se dan a la fuga abandonando a las víctimas en la vía pública.
La titular de la bancada radical fundamentó que la normativa penal actual permite que conductores responsables de muertes al volante eviten el cumplimiento efectivo de las condenas mediante beneficios de excarcelación. La nueva redacción legal busca que la escala de penas refleje el riesgo colectivo generado por la negligencia grave, equiparando las sanciones a la entidad del daño causado en el espacio público.
El freno a la prescripción procesal en la Cámara de Diputados de la Nación
En el plano procesal, el proyecto impulsado por Verasay y Nieri modifica el régimen de prescripción de la acción penal para evitar la clausura definitiva de expedientes por vencimiento de plazos judiciales. La normativa establece que toda sentencia condenatoria confirmada interrumpirá el curso de la prescripción, manteniendo plenamente vigente la pena impuesta mientras se sustancian los recursos extraordinarios ante tribunales superiores.
Verasay sostuvo durante la presentación formal que la dilación de las revisiones en instancias de apelación no debe extinguir la sanción del infractor cuando media una víctima fatal o lesiones con secuelas permanentes. Los legisladores mendocinos buscan asegurar que los tiempos procesales de la justicia no desactiven las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales de juicio.
El expediente parlamentario tramita en la mesa de entradas del Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aguarda su distribución oficial hacia las comisiones de Legislación Penal y de Transportes. La agenda de labor legislativa prevé el inicio de las reuniones informativas a partir del 20 de agosto de 2026 para definir el dictamen del texto definitivo. (Agencia OPI Santa Cruz)