(Por: Rubén Lasagno) – Los diputados provinciales aprobaron por unanimidad en la tercera sesión ordinaria, la iniciativa del diputado del bloque oficialista Por Santa Cruz, Javier Jara, que eleva del 3 al 5% la percepción de regalías mineras en la provincia.
El proyecto de Ley N° 369/24 presentado por el diputado Jara establecía que la provincia de Santa Cruz cobrará un 5% en concepto de regalías mineras sobre el valor “boca mina” de los proyectos mineros que inicien la construcción de la etapa de explotación después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.743. El problema es que el mismo proyecto tiene un error garrafal que nadie advirtió en la Cámara de Diputados ¿No hay un abogado allí?.
Mientras el Ejecutivo mantiene un duro enfrentamiento económico con Newmont por la falta de aportes, el gobernador vetó una ley que aumentaba las regalías al 5%. Detrás de esta aparente contradicción se esconde el temor a juicios millonarios, errores legislativos increíbles y una disputa por la coparticipación con los municipios.
De acuerdo al análisis realizado del proyecto legislativo y del veto del Ejecutivo. más que una incongruencia, estamos ante una limitación del diseño legal argentino. El gobernador, está claro que no vetó la ley para “proteger” las ganancias mineras, sino porque la ley estaba mal hecha y era una trampa jurídica.
De acuerdo a las averiguaciones legales realizadas, promulgarla hubiera significado juicios perdidos para la provincia y descentralizar fondos hacia los municipios. Por lo tanto, el Ejecutivo ha preferido mantener las reglas de juego (vetando el aumento de regalías) para no romper la seguridad jurídica, pero simultáneamente apela a la “negociación dura” y al conflicto político (como en el caso Newmont) para extraer renta minera por vías alternativas que no puedan ser judicializadas fácilmente.
A simple vista, resulta altamente contradictorio, porque un gobierno que necesita liquidez, se queja de la falta de aportes y presiona a mineras como Newmont por cuestiones económicas, decide vetar una ley que aumentaría sus ingresos por regalías.
Sin embargo, al analizar la información de ambos documentos (el proyecto de ley y el decreto de veto) con el contexto minero de la provincia, encontramos que hay un pragmatismo forzado que es la única vía que puede tomar la provincia en esta materia, si quiere evitar males mayores
Desde una lectura estrictamente política, la contradicción es evidente porque la provincia renuncia a percibir un 2% extra sobre la facturación bruta (boca mina) de los nuevos proyectos y por el otro mantiene una postura dura frente a empresas como Newmont exigiendo mayor compromiso económico y social a la vez que utiliza su poder de veto para blindar normativamente al sector minero ante un aumento impositivo impulsado por la Legislatura.
Pero al analizar los fundamentos técnicos del veto, la decisión del Ejecutivo cobra sentido estratégico y revela que el problema no es el fondo (recaudar más), sino la forma (cómo intentaba hacerlo la Legislatura).
¿Error de tipeo?
La Ley Nacional 24.196 garantiza 30 años de estabilidad fiscal a las mineras. El gobierno provincial sabe que promulgar una ley que viole esta garantía, incluso para “proyectos nuevos” si ya presentaron factibilidad, derivaría en una catarata de juicios contra el Estado. La provincia podría terminar perdiendo mucho más dinero en litigios por inconstitucionalidad del que ganaría con el aumento del 5%.
El proyecto de ley de Jara proponía que casi la mitad de las regalías (el 2% de ese 5%) fuera directamente a los municipios, puenteando el sistema general de coparticipación. Para un Ejecutivo provincial con falta de fondos como el actual, promulgar esta ley significaba asumir el costo político y legal de pelear con las mineras, para que finalmente una gran parte de los beneficios se la llevaran las intendencias. El veto, obviamente, protege la centralidad de los recursos en las arcas provinciales y el gobernador Vidal mantiene el poder sobre esos recursos.
De acuerdo al análisis jurídico al cual expusimos ambos documentos, el texto legislativo estaba mal redactado al querer cobrar el impuesto de forma retroactiva (a julio de 2024). Jurídicamente, esto era insostenible y le daba a las mineras la excusa perfecta para no pagar y judicializar la medida.
La advertencia sobre la fecha exacta y el problema legal surge en los fundamentos del veto elaborados por el Poder Ejecutivo, más específicamente a partir del análisis de la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas. En la segunda página del decreto (considerandos), el gobierno explica la falla de la siguiente manera:
“Que se advierte un vicio de retroactividad detectado por el Artículo 1º del texto sancionado al supeditar la aplicación de la nueva alícuota a la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.743 (8 de julio del año 2024) generándose un supuesto de aplicación retroactiva de la carga financiera.”
Al sancionar esta ley provincial en abril de 2026 y atar su validez a un hito temporal ocurrido en julio de 2024, la Legislatura generaba un escenario donde la carga tributaria operaba hacia atrás en el tiempo, vulnerando el principio general de irretroactividad de la ley y afectando derechos adquiridos.
Ahora bien, si el gobierno no puede subir los impuestos (por la Ley Nacional de Inversiones Mineras), ¿cómo recauda más? Y aquí es donde la tensión con Newmont cobra todo el sentido y demuestra que no hay incongruencia en el objetivo final del gobernador que es conseguir plata.
Como la provincia tiene “las manos atadas” para modificar la estructura tributaria (regalías), recurre a mecanismos extra-tributarios y de presión política. El enfrentamiento con Newmont probablemente no pase por subirle las regalías por ley, sino por exigirle mayores aportes a fideicomisos provinciales (que son “acuerdos” y no impuestos, esquivando la ley de estabilidad fiscal) como el fondo UNIRSE; inversiones en infraestructura local o contratación obligatoria de proveedores santacruceños y resolución de pasivos ambientales o exigencias sobre el cierre de minas, sobre lo cual el gobierno recibe fuertes presiones.
Los “cráneos” del proyecto
Ahora veamos cómo y quiénes han sido los autores intelectuales del proyecto fallido. Recordemos que el diputado Jara es del propio gobierno “Por Santa Cruz” lo cual a primera vista marcaría una incongruencia: un diputado del oficialismo enviando un proyecto mal redactado pero aún contra la propia voluntad de su jefe político, el gobernador Vidal.
Pero hay que recordar que Jara se abrió solo con un monobloque por diferencias con Claudio Vidal y corre en tándem con el senador José Carambia, un impresentable que saltó la verja en los últimos días, luego de haberle sido funcional a Vidal en estos tres años de gestión y con la clara pretensión de salvar las pilchas en las elecciones del 2027 y colarse con alguna candidatura para no perder la beca.
Dicho esto, sin duda que detrás de la confección del proyecto de ley está el senador de Las Heras con lo cual siendo Carambia un abogado, por propiedad transitiva ese proyecto de ley con insalvables errores jurídicos, es producto del desconocimiento flagrante del señor Carambia presentado ante la legislatura provincial por Jara.
El otro gran pecado lo cometen todos los diputados (oficialismo y oposición) que levantaron la mano para aprobar semejante iniciativa sin percibir el error garrafal que cometieron sus autores, lo cual nos lleva a pensar que, como tantas otras veces, los diputados provinciales levantan la mano por el enunciado, sin haber leído y analizado la propuesta. (Agencia OPI Santa Cruz)