Créditos digitales dejan seis millones de personas en mora

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El volumen de usuarios con morosidad mayor a 90 días alcanzó a seis millones de personas, mientras las billeteras virtuales cobran un costo financiero de hasta 29.000% anual bajo nula exigencia de garantías previas.

Nicolás Litvinoff, director de estudinero.org, advirtió que las aplicaciones financieras aplican tasas de interés que alcanzan el 29.000% anual en el mercado local y reclamó una intervención directa de las autoridades regulatorias para fijar límites a los costos crediticios de plataformas digitales.

El especialista cuestionó la postura del Ministerio de Economía, cuyos voceros definieron el fenómeno como una relación contractual exclusiva entre partes privadas. Litvinoff remarcó que existe una asimetría de información que vulnera a los usuarios sin formación técnica en finanzas, quienes quedan expuestos a pasivos impagables.

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Las entidades de crédito digital eliminaron los requerimientos tradicionales de recibo de sueldo y antigüedad laboral, reemplazando el análisis de riesgo por notificaciones automáticas que adjudican montos directos entre $500.000 y $1.000.000. Este esquema elevó el índice de incumplimiento al 30%, lo que implica que uno de cada tres deudores registra atrasos en sus pagos.

Nicolás Litvinoff alertó por seis millones de deudores en mora

El universo de tomadores de préstamos con atrasos superiores a 90 días asciende a casi 6.000.000 de personas, de acuerdo con las cifras del sistema financiero expuestas por el director de estudinero.org en declaraciones a Splendid AM 990.

Las plataformas aplican recargos preventivos exorbitantes en el costo financiero total para compensar la alta incobrabilidad de su cartera. A su vez, los usuarios operan bajo la falsa expectativa de que la desaceleración del índice de precios licuará las cuotas fijas en el mediano plazo.

Frente a este escenario, el economista planteó una estrategia estatal en tres etapas: prevención mediante educación formal, fiscalización de los contratos vigentes y una reforma regulatoria integral del mercado no bancario para frenar el crecimiento de pasivos que hoy arrastra a seis millones de titulares. (Agencia OPI Santa Cruz)

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