Un camarista federal propuso hacerle juicio político y detener a Cristina Kirchner

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El delivery de diarios y bolsos denunciados desde el 2007 por OPI y que algunos no creían o dudaban – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica La Nación En un voto de minoría, Mariano Llorens recomendó el encarcelamiento de la vicepresidenta en el fallo que confirmó el procesamiento por el uso de aviones oficiales para llevar muebles al Sur.

Por: Hernán Cappiello

El camarista federal Mariano Llorens entendió que se debe promover el juicio político de Cristina Kirchner para detenerla. Así lo expuso al argumentar en favor de que se confirmara el procesamiento de la vicepresidenta por el uso de aviones oficiales para llevar muebles a sus hoteles de El Calafate cuando era senadora y presidenta de la Nación.

Sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que se debía confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner, pero no acompañaron la idea de promoverle el juicio político, con lo que Llorens quedó en minoría.

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Llorens es el presidente de la Cámara Federal. Su nombre fue mencionado en el último mes con frecuencia por la vicepresidenta y por su abogado Alberto Beraldi porque este camarista es el arquero del equipo de fútbol amateur Liverpool, del que participan jueces y fiscales. En ese mismo equipo juegan uno de los magistrados que juzgan a Cristina Kirchner por el caso Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal de ese juicio, Diego Luciani, y hasta 2017 el equipo participó de un torneo en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Por ese motivo, la vicepresidenta recusó -sin éxito- a Luciani y a Giménez Uriburu.

En el caso de Llorens, le criticaron que cuando se debatían estos asuntos en el juicio, hubiera elegido la foto de un mate con el logotipo del Liverpool como su avatar de WhastsApp. Para Beraldi, fue una provocación.

Al votar en el caso del uso de aviones oficiales para intereses particulares de la vicepresidenta, Llorens y sus colegas enumeraron testimonios de mecánicos y pilotos que contaron que llevaron mesas ratonas, muebles, cables subterráneos, ropa blanca, sillas, sillones, televisores y una lámpara de pie metálica.

Llorens incluyó en su voto una reflexión sobre el rol que les compete a los jueces. Tras citar a prestigiosos autores como Luigi Ferragioli o Carlos Nino, aseguró: “Se nos impone la enorme tarea de recobrar el ejercicio de una potestad jurisdiccional que no solo realce los principios y derechos constitucionales en los que se vislumbra el origen del núcleo central de nuestro diseño institucional, sino que también revitalice y proteja aquellos valores supremos”.

Llorens aseguró que su voto pretendía “representar una orientación en pos del fortalecimiento de esos objetivos: la necesidad de una solución eficiente al enorme daño estructural generado por la clase de hechos de los que, este legajo, conforma solo una muestra”.

“Ese es el primer paso para superar las consecuencias perniciosas propias de los actos de corrupción, en miras a restaurar la vigencia normativa y, con ella, la confianza ciudadana en las instituciones del país”, agregó.

El camarista dijo que para “desterrar este tipo de prácticas ilegítimas” era necesario analizar de manera “conjunta e integral” no solo el envío de muebles a El Calafate sino “el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo, como en los casos de Vialidad, en la causa contra el exsecretario de Obras Públicas José López o en el caso de los cuadernos de la corrupción”.

“Solo una vez reveladas de forma completa las diversas aristas fácticas, cada una en su propia singularidad y dimensión, y al mismo tiempo integradas bajo una mirada común, se podrá alcanzar una lectura cabal y completa de los comportamientos investigados”, señaló.

El camarista destacó que hasta ahora no se habían analizado en esta causa los riesgos procesales de dejar en libertad a Cristina Kirchner, pero que era necesario hacerlo con una mirada integral, que fuera más allá de esta causa específica. Para Llorens, todos los hechos que enumeró “integran la empresa criminal desarrollada entre los años 2003 y 2015″.

Según este juez, hay tener en cuenta las “consecuencias perniciosas y estructurales que esas prácticas generaron (y aún hoy generan) en torno a los derechos de los ciudadanos, la reiteración y gravitación perjudicial de esos episodios ilícitos durante un lapso temporal prolongado, y la imposibilidad actual de descartar la continuidad de la ejecución de esos hechos delictivos”.

Por eso, entendió que vale sospechar que Cristina Kirchner podría intentar “sustraerse de la actuación de la Justicia” u “obstaculizar la continuidad del proceso”. Para evitarlo, sugirió que corresponde detenerla. Para eso, indicó, “deberán ser arbitrados los medios necesarios dirigidos a iniciar el procedimiento pertinente de separación del cargo, conforme a la reglamentación y la intervención de los resortes estatales correspondientes”; es decir, someter a la vicepresidenta a un juicio político.

“Los argumentos precedentemente señalados, aunados al trato penal más riguroso que, como derivación lógica de la responsabilidad asumida en el manejo de las cuestiones públicas, corresponde adjudicar a los funcionarios -acorde a los deberes de ética, austeridad y honestidad a los que deben adecuar su comportamiento-, imponen la obligación de examinar la posible configuración de esos riesgos procesales para, de ser así, evaluar si deben conservar los fueros derivados de la función con la que fueron investidos”, escribió el camarista.

Llorens le encomendó al juez de primera instancia que considere, teniendo en cuenta los hechos de esta causa como parte de una matriz de corrupción “que debe ser prevenida, erradicada y sancionada”, si corresponde “el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

Cristina Kirchner fue procesada por haberse hecho llevar muebles en el avión oficial, pero los jueces dijeron que no fue delito el traslado de los diarios. Indicaron que en todo caso fueron hechos que merecen un reproche ético. Por eso, con respecto a este punto, Llorens dijo que debía comunicársele al Congreso lo resuelto “para que en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados como custodios de los bienes públicos”. (La Nación)

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