14:00 – El abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, fue citado ante Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, con el fin dar una testimonial sobre la autenticidad de los documentos que el propio abogado ingresó por Mesa de Entradas de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso el 24 del mes de noviembre de 2817, en relación con su denuncia formulada ante en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 a cargo del Juez Sebastián Ramos, Secretaría Nº 4, que lleva el número 18511/17 e interviene la Fiscal Paloma Ochoa (Fiscalía Nº 10). Sin embargo, el letrado no ha podido determinar, aún, en qué juzgado tramitó la denuncia penal la señora Laura Alonso, sobre los hechos que él mismo denunció y que a continuación vamos a relatar.
La sospecha del abogado, es que por alguna razón política u otra que desconoce, la titular de la Oficina Anticorrupción, no ha formalizado denuncia alguna ante el fuero penal, aún cuando los cargos y la información que se aportó, es sufrientemente abrumadora para solicitar el enjuiciamiento de los responsables directos en los actos de corrupción que, como en años anteriores, incluye a funcionarios nacionales, empresas privadas y claramente se manejan los mismos códigos de ocultamiento, sobreprecios y cartelización de la obra pública llevadas a cabo en el país en la década pasada, costumbres heredadas del gobierno anterior y que éste aún, no ha podido (o no ha querido) abortar en el actual.
Síntesis de un hecho corrupto
La UCAR (Unidad para el Cambio Rural) bajo la coordinación ejecutiva de Alejandro Gennari, fue creada en el año 2009, depende del Ministerio de AgroIndustria de la Nación y dicha Unidad cuyo fin es organizar estratégicamente la ejecución de todos los convenios de préstamo orientados al desarrollo agropecuario y rural, tiene un Programa que constituye la columna vertebral del organismo, programa que se individualiza como PROSAP.
Prosap es un apócope de “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales”. Allí la denuncia individualiza al licenciado Jorge Neme que tuvo problemas en su paso por la provincia de Jujuy, siendo relevado de sus funciones por el Gobernador Gerardo Morales, por su responsabilidad en el vaciamiento del Ingenio La Esperanza, pasando a desempeñar, actualmente, el cargo de Secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia de Tucumán y en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín.
Durante el lapso en que el funcionario ejerció la coordinación de la UCAR, conformó un gabinete con personas cuyos nombres están contemplados en un extenso informe al que OPI tuvo acceso. Se habla allí de una Asistente Personal, de las personas que conducían el Área de Gestión de Programas y Proyectos y se señala también al funcionario Miguel Castellini, imputado en causas de sobresueldos como segundo de la fallecida menemista, Ing. María Julia Alzogaray.
En el documento al que accedimos, también están individualizados los nombres de la coordinadora del PROSAP, Teresa Ohyamburu, del Ingeniero Juan Sosa responsable de la reparación de los caminos rurales y también del coordinador del Área de Adquisiciones, Ing Bonanno y los referentes del Área de Recursos Humanos, antes Licenciada Andrea Trabucco y hoy el Lic Daniel Quiles.
En un párrafo de incontable importancia, el documento refiere “Todos ellos, junto con otros actores, condujeron (y conducen bajo las órdenes del Ingeniero Alejandro Gennari) un programa de neto tinte político el cual ofrecía y ofrece obras públicas a las provincias con endeudamiento internacional (BIRF, BID, FONPLATA, CAF)” y expresa que el funcionamiento ininterrumpido del Prosap, implicó el desarrollo de maniobras espurias y asociaciones entre empresas dedicadas a la obra pública, mencionando el caso más notorio, con la empresa mendocina CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste) responsable de la construcción del 82% de las obras de riego que se ejecutaron y se ejecutan en el marco de la UCAR.
El texto de la denuncia, individualiza a quién es hoy la cara visible de la aludida empresa y el Dr Monner Sans sugiere que por vía de la Oficina Nacional de Compras, por la AGN y por la SIGEN se ponga en evidencia todos los contratos celebrados en el marco de la ejecución del programa PROSAP.
Un dato inquietante que marca el documento al que accedió OPI, es respecto de los datos de desmesurado crecimiento patrimonial de la empresa CEOSA, tanto como el del responsable de la empresa, Lic Neme y su esposa, Mónica Meda de quienes se brindan todos los datos. En este caso, se apunta que sus declaraciones juradas no serían compatible con el salario mensual de un consultor contratado que se desempeña desde hace 15 años en el PROSAP, dejando entrever que podría haber un delito de enriquecimiento ilícito.
La denuncia, contundente, frondosa en datos, circunstancias y valores, constituye una prolija descripción de cómo opera el PROSAP, integrante de UCAR, en el marco del Poder Ejecutivo Nacional. Porque los proyectos se ofrecen a través del Coordinador de la UCAR y si bien allí se barajan distintas alternativas, hay una que llama la atención y se expresa en el informe de la siguiente manera: “parte de los recursos destinados a las obras será destinado al funcionario provincial de turno y parte a la cadena de recaudación de fondos de la UCAR y Prosap”. Asimismo se asegura allí que antes de las elecciones presidenciales, se pudo observar dicha modalidad en proyectos como los ejecutados en Belén y Pomán –Catamarca- “con sobreprecios vergonzosos y sobrecertificaciones incomprensibles”, alude la denuncia.
El documento, expresa además que los proyectos son formulados por determinados técnicos provinciales; luego el área de adquisiciones construye los pliegos de licitación “en los cuales los requisitos de precalificación y post calificación son elevados de modo que pocas empresas puedan ganar la licitación”, se observa al pie.
Remarca más adelante, que la empresa toma contacto con las demás empresas, acordándose quiénes se van a presentar a la licitación y quiénes no. La oferta presentada suele ser algo mayor al presupuesto oficial. Habiendo ganado quien se definió previamente que debía ganar, comienza una operatoria que puede implicar que al momento de la firma del contrato, su valor pueda acrecer: depende del permiso del Banco financiador. Para ello se utiliza una fórmula polinómica por lo que, de ser cierto, los retrasos en el inicio de la obra nunca constituye un problema económico respecto de la avidez empresaria. Sí lo es para la población que se perjudica con el retraso, se admite allí, por parte del Dr Monner Sans quien desnuda de esta manera la cartelización de la obra pública, en manos del actual gobierno nacional.
Remarca el documento de la denuncia que hay un 10% -anticipo financiero- que suele ir al bolsillo de los funcionarios involucrados. La empresa CEOSA, tiene oficinas en Puerto Madero, aunque no se precisa el lugar, sin embargo se afirma que en ellas se reúnen con funcionarios del PROSAP; la cita textual dice: “los fondos suelen movilizarse en mochilas o sobres, nunca bancarizados”. Tras indicarse cómo se gestan sobreprecios en la ejecución de la obra, todo lleva a afirmar que “la obra al momento de su conclusión duplica el valor del presupuesto original”. En este universo de sobornos, sobresueldos, complicidades y clara cartelización de la obra pública, se advierten que intervienen dos universidades nacionales ubicadas en la provincia de Buenos Aires, la UNSAM Universidad de San Martín) y la UTREF (Universidad de Tres de Febrero) que contribuyen para la triangulación del pago de “contratos” que “explicarían” los sobresueldos.
Importante es destacar que tal la denuncia a la que pudimos acceder, ésta estructura de corrupción estaba armada desde el gobierno anterior, pero luego del cambio de gestión, siguió existiendo (y existe) hasta hoy, con algunas modificaciones y mutando cierta metodología.
Explica el largo informe de esta denuncia en 5 carillas, que actualmente se contratan consultores que prestan su nombre “pero que en la realidad no trabajan, con lo cual es frecuente encontrar amigos y parientes de responsables de área o sector que son contratados para esos trabajos”, añade.
En este punto el documento indica “esto es fácilmente verificable a través del sistema del presentismo (nunca asisten o tienen asistencia perfecta)”. Curiosamente, el aparente coordinador gana menos que los reales Jefes de Unidad, de Área y de Sector. El texto indica el nombre y apellido de los que estarían, en estos tiempos, monitoreando la ejecución de la actual metodología, Por caso el Lic Daniel Quiles de RRHH y dos de sus colaboradores.
En las cinco carillas que ocupa el documento que pudo leer OPI, hay expresas descripciones de vinculaciones y claras razones del por qué se le solicitó desde el Ministerio Nacional la renuncia al coordinador de la UCAR. En su lugar fue ubicado allí Alejandro Gennari, alguien que era conocido en su Provincia por ser “inspector de obra”, mientras se aporta el dato de que el 80% de los trabajadores sufren precarización laboral porque “no acceden a un contrato de ley marco”.
La conclusión del documento es lapidario en cuando a los hechos relatados y/o denunciados, al señalar: “En síntesis: durante 15 años el Prosap primero y la UCAR en segunda instancia, a través de algunos de sus funcionarios practicaron cohecho, malversando fondos públicos junto con funcionarios provinciales y empresa dedicadas a la obra pública, con la anuencia del poder de turno que a pesar de las constantes auditoría realizadas oportunamente, no investigó adecuadamente y no observó lo que ocurría debajo de la documentación prolijamente armada, obviando el enriquecimiento desmesurado de algunos funcionarios en perjuicio de la Institución, de los trabajadores de la UCAR que no participaron en esa maniobras, quienes muchas veces se vieron perjudicados laboralmente siendo presionados y relegados en el escalafón por quienes participan de estos actos y ostentan el poder de la sociedad en su conjunto”.
El Dr Ricardo Monner Sans, ahora, desea saber por qué a pesar de tener esta denuncia en la Oficina Anticorrupción desde el año 2017, no se ha avanzando (en apariencias) sobre el tema y por tal motivo, le solicita a la fiscalía que corrobore la autenticidad del documento de la denuncia y pide que la responsable de la O.A, Laura Alonso, diga expresa y concretamente, en qué juzgado radicó la denuncia penal sobre este grave hecho que salpica a la actual administración del gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)
