La municipalidad de Río Gallegos, volvió a la carga con la construcción del Centro de Monitoreo Municipal, cuyo obrador debió retirar del Barrio Jardín en medio de un papelón generalizado, tras descubrirse que proyectó, emplazó y pretendía dar inicio a una obra ilegal, en tierras prohibidas por ordenanzas, en contra de la voluntad de los vecinos y en un sector de la ría local que constituye un “pulmón” del estuario, donde no está permitido construir un edificio.
El nuevo lugar ubicado por el intendente Pablo Grasso para levantar el edificio, lo anunciamos con suficiente anticipación en nuestra notra del día 8 de junio de este año cuando, en medio de un renunciamiento silencioso el municipio a edificar en el Barrio Jardín, en nuestra nota expresamos el siguiente párrafo: “…de acuerdo a información obtenida en la misma reunión, podrían ubicarlo (al Centro de Monitoreo) en los galpones de YCF, sobre la misma ría pero exactamente en el lado opuesto a donde está instalado actualmente el obrador”. Y es así como se revela hoy.
Y otra vez, como si la insistencia en cometer los mismos errores fuera parte del decálogo del Intendente municipal, el lugar elegido está vedado (como el anterior) para la construcción de edificios, prohibido por Ordenanza dado que se encuentra ubicado dentro de lo que se denomina “Reserva Urbana” y corresponde a la históricamente conocida en Río Gallegos como zona de YCRT, donde se emplazan resto de sus galpones, maquinarias y el viejo sistema ferroportuario que dejó de funcionar hace muchos años. A propósito, cuando nuestro reportero gráfico fue a tomar las fotos del nuevo emplazamiento, desde adentro del obrador alguien lo fotografiaba con un celular desde abajo del brazo izquierdo, como si se tratara de “un espía del intendente”. No es así como se evita la repercusión de los errores de gestión, sino haciendo bien las cosas.
En esta oportunidad, concejales de la oposición elevaron un pedido de informes al Ejecutivo municipal, exigiéndole que se abstenga de levantar el edificio en un sector de la ciudad que de acuerdo a la reglamentación vigente se prohibe expresamente la construcción de cualquier construcción en un terreno declarado como Reserva Urbana y patrimonio arquitectónico histórico por cuanto debe necesariamente contar con la habilitación correspondiente previa realización de Audiencia Pública, la presentación de los estudios de impacto ambiental, condiciones de suelo, siendo en este caso también necesaria la autorización de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la cual a fecha no les cosnta a los ediles, “ …y ello en razón del que el terreno aún pertenece al Estado Nacional”, le expresaron a Grasso en un documento firmado, los tres ediles no oficialistas Pedro Muñoz (CC ARI) y Leonardo Roquel y Daniela Damico (UCR).
El negocio no se toca
Cuando al kirchnerismo se le ocurre construir algo, avanza sin preguntar y ni siquiera pensar; y Pablo Grasso, hoy intendente, tiene una gran escuela en esto. Lo extraño, es que ni siquiera se pongan a pensar las consecuencias y ver los pormenores que rodean estas decisiones.
El nuevo emplazamiento elegido para levantar el Centro de Monitoreo Municipal, tiene las mismas prohibiciones que el anterior, solo que en este caso no hay 80 oponiéndose por nota, por cuanto no obstruye la visión a personas influyentes como ocurrió con la anterior ubicación en la intersercción de las calles Rodiño de Clarck y Villarino. Allí, si uno repasa las firmas al pie del documento de queja enviado a Grasso, hay muy reconocidos apellidos vinculados a la justicia, al poder político y de vecinos tradicionales de la ciudad cuya sola aparición al pie del documento, generaron un llamado desde la provincia al celular del intendente, quien destinó al reaparecido Fernando Millapel, un abonado a la obra pública de la municipalidad de Río Gallegos en distintas gestiones K, quien fue de “soporte” a la reunión del domingo 7 de junio/20 y el encargado “de llevar tranquilidad” a los vecinos, sacándole las papas del fuego al Secretario de Obras Públicas Lucas Otín, el cual había comenzado a divagar sobre la continuidad de la obra y los vecinos presentes empezaban a incomodarse visiblemente.Los negocios no se tocan, es el principio de Pablo Grasso desde que gestionaba el IDUV. Hoy más que nunca queda claro que por sobre las necesidades de la seguridad ciudadana que tanto pregonan desde el municipio pero jamás implementaron, están detrás de los 6 o 10 millones de pesos que “se necesitan invertir”, junto con la empresa amiga “Mata negra” quien ya tiene todo arreglado, pero no tiene paz por la intromisión de quienes tienen la voluntad de obstruir permanentemente, solicitando que las obras se hagan ajustadas a derecho y respetando la ley; algo que en Santa Cruz, es más un deseo que una realidad. (Agencia OPI Santa Cruz)
Un buen lugar para construir el Centro de Monitoreo, seria sobre calle balbin, ex predio de YPF, el cual hoy son ocupadas por diverzas empresas (Rodalsa, Distribuidora Rio, SG, y otras), dichas tierras fueron cedidas a provincia y se otorgaron en comodato a traves del Ministerio de la Produccion)