(Por Rubén Lasagno) – En la última sesión controvertida de la Cámara de Diputados de la Nación se sancionó la denominada Ley de Reactivación del Turismo, que entre sus objetivos está activar los 500 mil trabajadores hoteleros y gastronómicos y un millón de puestos de trabajo sumando todos los rubros del turismo.
“El Poder Ejecutivo no le ha soltado la mano al turismo, esta es la mejor ley posible, porque los tiempos apremian y el sector está esperando respuestas concretas”, dijo el diputado kirchnerista Ramiro Fernández y añadió “El turismo va a volver a ser uno de los motores generadores de divisas por el esfuerzo hecho entre todos”. Otros pares que justificaron su promulgación dijeron que “es un proyecto que está ansiosamente esperando toda la actividad turística del país y cosas por el estilo”. Falso, demagógico, impracticable; una simple mentira política que funciona como un bumerang más que como un “incentivo”.
La ley se creó para incentivar una actividad imposible de llevar a cabo en cualquier parte del país y por lo tanto, tiene gusto a poco. Es como que en el penal de Ezeiza el Servicio Penitenciario reglamente que los detenidos puedan comer dos veces por semana en el restaurante del hotel Hermitage, pero como no pueden estar en libertad, debido al delito que cada uno purga, la aplicación práctica de esa autorización es nula desde el inicio.
Si bien el ejemplo es extremo, creo que ayuda a entender el concepto: se autoriza algo que no tiene aplicabilidad, por diversos aspectos. Y esto, suma a la bronca que ya existe entre los operadores del sector y estalla la protesta.
No solo no hay vuelos de cabotaje ni internacionales, no hay actividad hotelera que pueda dar respuesta con todas las exigencias que requeriría el turismo. Antes de evaluar la infraestructura, debemos pensar que cada provincia y dentro de cada una de ella, cada localidad, han tomado recaudos extremos para los ingresos y circulación de personas y en la mayor parte la misma está prohibida. Y todo ello sin considerar que la Argentina está desbordada de contagios y la mayor parte de la población está con temor en lugares de gran circulación y mucho más aún, ocupar habitaciones de hotel donde nadie sabe si ese fue un “Hotel Covid” o si aún, sin serlo, el mismo extrema los cuidados y la higiene correspondiente.
Para ir de un lado a otro en Santa Cruz, se debe sortear el Decreto de prohibición de la Gobernadora, los controles policiales/sanitarios, llevar permisos, cumplir las exigencias donde se establecen prioridades y deciden la “esencialidad” del traslado y dentro de cada control estamos sometidos a las interpretaciones personales de las autoridades sobre qué corresponde y qué no. Es decir no existe circulación en la provincia.
A eso debemos agregarle que localidades turísticas como El Calafate, por ejemplo, ha vallado la ciudad, impidiendo el ingreso masivo de gente y hasta el Intendente y su equipo están contagiados de Covid-19. ¿Cómo podría, por ejemplo, abrirse Calafate al turismo si no es de manera masiva?. Y si así lo hace (hipotéticamente porque cada vez se aleja más de ese objetivo) ¿Cómo podría mantener el control sanitario sin molestar al viajero, incomodarlo y producir el rechazo de la propuesta turística, como de hecho ocurrirá?. Las última decisiones políticas, con el decreto firmado ayer por Alicia Kirchner prohíbe:
- Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.
- Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.
- Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
- Servicio de transporte público urbano.
- Turismo.
¿Cómo se puede proyectar una ley que en la práctica no se va a poder cumplir y peor aún cuando la discordancia es tal que el gobierno provincial emite un Decreto donde prohíbe la actividad que autoriza la ley nacional?.
La falta de sinceramiento, la búsqueda de la “reacción corta” de los sectores más afectados por la cuarentena, por parte del gobierno nacional y provincial, genera, no solo disgusto en los sectores productivos del país, sino bronca, furia, repudio y protesta. Todo esto, sin duda se va a reflejar en las próximas elecciones. La gente está harta de estar harta y el sector turístico, la famosa “industria sin chimeneas”, fue destruida por la pandemia y la incapacidad para gobernar y administrar la crisis.
Las Pymes, los trabajadores que producen, las empresas y quienes viven del trabajo y no de los planes o sueldos del estado, piden racionalidad y sinceridad. Racionalidad para aplicar las restricciones sin matar la gallina de los huevos de oro y sinceridad a la hora de realizar acciones valorables a favor de, en este caso, la actividad turística y de no poder concretarla, que tengan la valentía y la honestidad de comunicarlo como tal.
Esto de legislar sobre algo incumplible, suena a la excusa de Sergio Mássa y Máximo Kirchner de “aprobar algo”, para simular que en la última sesión “lo que menos importaba” era hablar de la “Reforma judicial”, de la cual escapó la oposición del recinto. Además de incomodar, molestar y mentir, lo más doloroso es que pretendan tomar a la gente por estúpida. (Agencia OPI Santa Cruz)
Decreto 1135/20 by OPISantaCruz on Scribd
Miente, miente, …algo quedará. Es lo que se ha votado. Ajo y agua ..