Por: Gustavo Ybarra
Según publica La Nación El pronunciamiento del consejo consultivo creado para proponer reformas al servicio de Justicia ofició de campana de largada para el oficialismo en el Senado, que volverá a reunir este viernes, a las 10, a la Comisión de Justicia para avanzar con las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa Cristina Kirchner.
Apurado por el final del período de sesiones ordinarias, el oficialismo tendrá que firmar dictamen el mismo viernes si pretende aprobar el proyecto en la Cámara alta antes del 30 de noviembre. Después de esa fecha solo podrá tratarlo si el Poder Ejecutivo habilita el tema en sesiones extraordinarias.
Por eso, ya se trabajaba en despachos kirchneristas en la elaboración del dictamen que impulsará el oficialismo, tratando de congeniar los borradores existentes con algunas de las ideas contempladas por el consejo asesor presidencial en su capítulo correspondiente al Ministerio Público Fiscal.
Por lo pronto, es casi un hecho que el oficialismo modificará la mayoría de dos tercios de los presentes del Senado que exige la normativa vigente para designar al procurador general.
Esa mayoría agravada es lo que mantiene bloqueado desde marzo la designación del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández como nuevo jefe de los fiscales. El mismo obstáculo le impidió a Mauricio Macri nombrar a la jueza Inés Weimberg de Roca.
Por una cerrada mayoría de 6 a 5, el consejo consultivo conocido como “comisión Beraldi”, porque la integra el abogado de la vicepresidenta Carlos Alberto Beraldi, propuso relajar esa exigencia y establecerla en la mayoría absoluta de la Cámara alta, es decir la mitad más uno de sus miembros (37 votos).
Esta postura coincide con la idea con la que los senadores kirchneristas iniciaron el debate de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Cristina Kirchner sabe que con los 41 senadores que responden a sus ordenes en el Senado no necesitará de molestas negociaciones con la oposición para alcanzar los votos necesarios y designar al futuro procurador.
Lo que todavía está en debate en las usinas oficialistas es el mecanismo de remoción del procurador: oscilan entre mantener el proceso de juicio político, igual al de los jueces de la Corte, o reemplazarlo por un proceso limitado al Senado y, de ser así, con qué mayoría.
Otro tema clave será el régimen disciplinario de los fiscales. La vicepresidenta quiere una mayor intervención de la política en el jury. Busca así alcanzar la destitución del procurador interino Eduardo Casal y del fiscal Carlos Stornelli. (La Nación)
