Tras meses sin clases en las aulas, los padres enfrentan la burocracia pública para evitar que sus hijos pierdan conocimiento en un mundo interconectado que privilegia el saber. Desde que finalizó el ciclo lectivo a fines de 2019, muy pocos han tenido el privilegio de mantener un nivel educativo acorde a los programas vigentes en el país, y casi ninguno ha mantenido la presencialidad en las aulas desde que se decretó el aislamiento obligatorio a pocos días de iniciar el año lectivo 2020.
El ministro de Educación Nicolás Trotta espera un “regreso masivo” a las aulas a partir de marzo. Pero no pudo decir exactamente cómo va a ser esa presencialidad, aunque el funcionario sostenga “vamos a priorizarla”. Según Trotta, “los protocolos para el regreso fueron aprobados en julio y a partir de agosto muchos distritos fueron retomando la presencialidad”, lo cual es relativamente cierto. No se cuenta con estadísticas públicas que puedan confirmar cuántos alumnos existen en la actualidad que hayan tenido clases reales, o sea, que hayan cumplido con los objetivos. La masividad promovida por Trotta también se desarma cuando se explaya sobre la cantidad de alumnos que podrán concurrir por aula: depende de la infraestructura de cada escuela.
La última vez que hubo estadísticas disponibles fue a comienzos de 2019, cuando el INDEC informó que en todo el país hubo 11.454.017 de alumnos que pasaron por las aulas en 2018. De esa cifra, 8.091.628 corresponden al sector público y 3.362.389 al sector privado, lo cual ya marca de antemano la grieta gigante que existió en 2020.
Chubut, caso emblemático en Patagonia
Un grupo de padres de diferentes provincias conformaron lo que se dio a llamar Padres Organizados. No es una ONG, no es un asociación, es tan solo un grupo de personas inorgánicas en el que coexisten apartidarios y votantes de todos los colores que se quejan como pueden y buscan soluciones sin ser escuchados casi nunca por las autoridades que desde el inicio de la cuarentena han sostenido que el valor superior es la vida y dejó afuera a la educación del pequeñísimo grupo de actividades esenciales.
En la provincia de Chubut hace tres años que los alumnos lidian con la “retención de servicios” en casi todas las escuelas públicas de una provincia que cuenta con ocho sindicatos para un
sector que brinda clases a unos 145 mil alumnos.
El mayor problema provincial son las cuentas fiscales en un lugar donde los sueldos están muy bien pagos en relación a otras provincias, pero con una relación sector público-privado un tanto desproporcionada: 120 salarios estatales por cada mil habitantes. En la actualidad, al problema de la pandemia le deben sumar dos meses de sueldo más el medio aguinaldo de junio sin abonar, más un congelamiento salarial por 180 días.
Según explicó en declaraciones públicas la ministra de Educación provincial Florencia Perata –asumida en mayo a dos meses de decretada la cuarentena– para agosto había tentativas de volver a clases. Pero en agosto afirmó que no podía acreditar quién está o no en la virtualidad. Para octubre contempló la posibilidad del retorno de algunas actividades. Para noviembre autorizó los actos de egreso. En la primera semana de diciembre su cartera anunció que había finalizado la capacitación a docentes para que entiendan de las nuevas tecnologías de enseñanza. El ciclo lectivo termina esta semana.
El protocolo para el retorno a clases también tuvo un capítulo aparte y el de Chubut es solo un botón de muestra de lo que ocurre en casi todo el país. Allí se creó un “Consejo asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas de la provincia del Chubut” el cual quedó integrado por tres representantes del ministerio de Educación, tres del ministerio de Salud, uno del ministerio de Infraestructura… y ocho representantes sindicales, uno por cada sindicato. O sea: mayoría simple sindical en la toma de decisiones de una mesa en la que la otra parte es el Estado.
La imposibilidad de acreditar quiénes se conectaron y quiénes no fue tan solo un diagnóstico, ya que los padres afirman que nada se hizo con ese dato. Padres, madres y tutores de alumnos recurrieron al ministerio de la Defensa Pública provincial sin respuestas. Lo mismo ocurrió en la oficina de Derechos y Garantías de la Niñez.
Silencio santacruceño
En El Calafate se cerraron todos los centros educativos junto con la ciudad el 13 de marzo. Durante los primeros meses de la epidemia fue una de las ciudades con más infectados en relación a su cantidad de habitantes. Muchas escuelas y sobre todo muchos maestros con gran voluntad vieron la forma de llegar a los chicos, algunos a través de plataformas, otras vía Facebook o Whatsapp. Incluso hubo maestros que llevaron cuadernillos hasta las casas de sus alumnos sin conexión o sin medios tecnológicos. Pero según cuenta una madre local, “un gran porcentaje de niños no tuvo esa fortuna y quedaron en el olvido y fuera del sistema educativo”.
Desde junio la localidad atravesó más de sesenta días sin registrar un solo caso. Nunca más abrieron las escuelas salvo algunas privadas por cuestiones administrativas. Se presentaron a la provincia de Santa Cruz protocolos avalados hasta por los docentes para abrir centros educativos preparados y fueron rechazados.
En noviembre un grupo de padres y madres publicó una carta abierta enviada a la gobernadora Alicia Kirchner y a diferentes organismos provinciales y municipales para pedir que trabajen para el retorno a clases. Silencio. El propio municipio de El Calafate pidió vuelta a las aulas y del turismo. Hoy en El Calafate la mayoría de sus habitantes se encuentra sin trabajar y el total de los niños y adolescentes no concurren al colegio.
Patagonia norte
Desde Río Negro marcan la gran grieta entre el sector público y privado. En Cipolleti, por ejemplo, denuncian que el espacio de la educación pública es netamente gremial. “Falta de disposición del lado de los sindicalistas para darle a los chicos el acto de fin de año”, señaló a Infobae una madre local y agregó que “los pocos que hicieron actos de cierre fueron privados, ninguno público, no hay voluntad o indicio alguno de que los sindicatos quieran retomar las aulas”. “Hay pueblos en los que hay una sola escuela donde los chicos van para jugar al futbol pero no hay clases”, sostuvieron desde el grupo de padres de dicha provincia. El Estado, por su parte, tiene trabajados distintos borradores de protocolos para el 2021, pero siguen en ese estado: borrador.
Del otro lado de la frontera, en Neuquén, la situación no es muy distinta. El retorno a clases será el 3 de marzo de 2021 con una modalidad mixta, aunque nadie sabe explicar aún cómo serás. Tampoco habrá laboratorio ni biblioteca. Sin embargo la fecha prometida está en veremos: el sindicato docente de Neuquen ATEN acaba de levantar un acampe de 151 días que sumó un ayuno de 81 horas en reclamo de aumentos.
Como en el primer mundo, pero perteneciendo al tercero
La esperanza de Trotta: “Tenemos que poner en valor, también, la experiencia que está haciendo ahora Europa”, sostuvo el ministro. Puntualmente en los europeos Reino Unido, Alemania y Francia, pasaron a otra cosa hace cuatro meses: demostraron que con las escuelas abiertas a pleno, sin burbujas mínimas, no aumentaron los contagios.
En un país en el que se estima que el 64% de los menores de edad son pobres y en el que uno de cada tres chicos no cuenta con los recursos alimentarios mínimos diarios, la escuela no es solo educación. En un país en el que según datos oficiales de la provincia de Chubut se han descubierto numerosos casos de abuso sexual intrafamiliar gracias a la educación sexual en los establecimientos educativos, los colegios no son solo un lugar de vinculación con los pares. ¿Alguien sabe qué pasó en la intimidad de los chicos este año? ¿Y cómo viene la nutrición?
Y ahí estamos. Antes decíamos que discutíamos lo urgente por sobre lo importante. Lo urgente es la salud mental de los chicos, la alimentación de los niños pobres y su integridad física. A nadie pareciera importarle. Dejaron para el final a los chicos y tampoco hubo nada. (Infobae/OPI Santa Cruz)
