Según publica La Nación La adjudicación la hizo la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del auditor general del gobierno de Nicolás Maduro.
En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero, le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón.
La magistrada es la hermana del auditor general de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo, y ejecutó la maniobra sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, de espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto.
Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de “robo judicial”, se completa parte de la condena impuesta al último diario opositor al régimen de Maduro, por los supuestos daños morales causados, cuando en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación el periódico transcribió un artículo del rotativo español ABC donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Nótese que el juicio de difamación por la nota publicada nunca avanzó, ni siquiera adjuntaron el recorte de la noticia aparecida en ABC, y nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para aquella persona que colabore con la captura de Cabello.
Despojo de la sede de El Nacional
Llama la atención que la indemnización inicial contra El Nacional, que se había acordado a favor de Cabello y éste había aceptado, quedando en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada, desde el año 2018, por el monto de 10.000 bolívares soberanos, hoy 0,1 bolívares digitales, fue intempestivamente modificada, como consecuencia de un infundado avocamiento de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que transformó el monto de condena definitiva, en la inverosímil e inusual cifra de 237.000 petros, que en el cambio del momento equivalía a 13 millones de dólares, lo cual, suspicazmente ocurrió, justo en el momento en que Cabello era designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.
De esta forma se concreta el despojo o arrebato judicial que de su sede natural es víctima El Nacional, litigando en contra de Cabello, justo en el tribunal de la hermana del contralor general de la República, todo por defender la verdad. (La Nación)
