Según publica La Nación El expediente lleva casi un año abierto y está en el proceso de recolección de prueba; todavía no fueron indagados los imputados, entre quienes se encuentra el expresidente Macri.
Por: Candela Ini
El pedido expreso de Alberto Fernández a la justicia para que avance en la causa penal por el préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri motivó que el bloque de Pro se retirara del recinto mientras el Presidente anunciaba que enviaría al Congreso el acuerdo por el pago de la deuda. El expediente por el que pidió Fernández ya lleva casi un año abierto y avanza con la incorporación de informes de distintas entidades financieras. La imputación abarca al expresidente Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al exministro de Finanzas Luis Caputo y al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.
La causa la llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal N°5, y el fiscal Franco Picardi. Fue iniciada a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que luego amplió la acusación. Y es parte querellante, con activa participación en el expediente, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, que pidió, entre otras cosas, citar como testigos a los técnicos del FMI que evaluaron el plan económico de la gestión de Cambiemos.
Una de las últimas incorporaciones de prueba a la causa fue el informe elaborado por el FMI sobre el programa económico de Macri, a pedido de Picardi. La jueza hizo lugar a ese pedido, pero no así, por ahora, a la petición formulada por Zannini. Las conclusiones de ese trabajo habían sido críticas con el programa económico desplegado por Cambiemos y muy bienvenidas por el gobierno del Frente de Todos.
Ahora las autoridades judiciales están a la espera de dos informes que fueron solicitados al Banco Central y a la Caja de Valores. Buscan determinar si hubo malversación o administración fraudulenta del préstamo concedido por el Fondo a la Argentina, y si los exfuncionarios y el expresidente tuvieron alguna responsabilidad penal por el presunto perjuicio al Estado.
El Banco Central debe elaborar un informe vinculado al movimiento de las reservas durante el período 2018 a 2019, durante el cual fueron desembolsados los casi 45 mil millones de dólares, para establecer cómo fue el movimiento de reservas vinculado a las divisas y tratar de establecer si, como se plantea en la denuncia, el crédito que otorgó el Fondo se fugó.
La Caja de Valores, por otro lado, tiene que responder con todo el listado de beneficiarios finales de las Lebac, dado que un tramo de la denuncia del Gobierno señala “el fabuloso negocio de las Lebacs” como parte de la maniobra cuestionada.
Reservas y Lebacs
Según la denuncia, los 44.000 millones de dólares que recibió la Argentina del Fondo “debían utilizarse para incrementar las reservas internacionales y su venta debía resultar muy limitada”. Y “Sin embargo, tales circunstancias no se verificaron en la realidad, en tanto dichas divisas fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos”.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que “la causa avanza”, pero que “de ninguna manera debería interferir en el acuerdo entre la Argentina y el FMI. “El foco no está puesto en cómo se contrajo la deuda o en si el Poder Ejecutivo tenía esa facultad, sino qué destino tuvo el préstamo y si hubo malversación o administración fraudulenta de ese dinero. (La Nación)