Según publica La Nación El exmandatario ya llegó a la ciudad para la lectura de los cargos mañana; Trump ha perdido el blindaje de presidente y ha quedado más expuesto a ser procesado penalmente.
El expresidente Donald Trump enfrentará esta semana su problema legal más urgente en la ciudad de Nueva York, donde aterrizó este lunes y donde está previsto que el martes se realice la lectura de los cargos que se imputan por “pagos de silencio” durante la campaña de 2016.
Pero si bien toda la atención estará puesto en ese juzgado del Bajo Manhattan, las investigaciones que lo involucran, desde Atlanta hasta Washington D.C., seguirán adelante, poniendo de relieve el abanico de peligros que enfrenta Trump mientras busca volver a la presidencia.
La investigación de la justicia de Washington revela por sí sola la vulnerabilidad actual de Trump: el mes pasado, con una seguidilla de dictámenes sellados, los jueces desestimaron los intentos del equipo legal de Trump para impedir que un gran jurado escuchara a los testigos —incluidos su propio abogado y su propio vicepresidente—, que fueron o siguen siendo cercanos a él y que razonablemente podrían aportar información directa sobre algunos hechos claves.
“Pienso que cuando hablamos del tema del intento de insurrección y el tipo de cosas que se están investigando el equipo legal de Trump va a presentar todo tipo de objeciones”, dice Randall Eliason, exfiscal federal y profesor de derecho de la Universidad George Washington.
Mientras tanto, el fiscal de distrito de Atlanta sigue investigando los intentos de Trump y sus aliados para anular la elección que perdió en Georgia. En febrero, un gran jurado especial consideró que “uno o más testigos” habían cometido perjurio e instaron al fiscal local a presentar cargos en su contra.
El expresidente nunca testificó ante el gran jurado especial, o sea que no es uno de los que cometió perjurio. Pero el informe del gran jurado no le cierra la puerta a otras posibles acusaciones, y el caso sigue siendo una complicación especial para Trump, sobre todo porque sus acciones en Georgia fueron totalmente públicas.
En líneas generales, semejante cantidad de dictámenes sellados sobre el alcance del testimonio ante el gran jurado es inusual, pero tal vez sea adecuada para investigaciones de gran importancia, como la que involucra a un expresidente. También contrasta con la última investigación del consejo especial que investigó a Trump cuando era presidente y cuando Robert Mueller y su equipo de fiscales intentaron determinar si se había confabulado con Rusia para inclinar la balanza en las elecciones de 2016.
En esa investigación, Trump estaba protegido por su cargo y por la opinión legal del Departamento de Justicia que dicen que un presidente en ejercicio no puede ser procesado. Como ya no es presidente, Trump ha perdido ese blindaje y ha quedado más expuesto a ser procesado penalmente. Y cuando los fiscales han tratado de interrogar a sus allegados —ya sea para comprender mejor lo que pensaba Trump y sus posibles argumentos de defensa o para recopilar testimonios potencialmente perjudiciales—, los abogados de Trump se opusieron sistemáticamente, en general en vano.
Quizás el ejemplo más vívido se produjo el mes pasado cuando la entonces jueza que presidía el tribunal federal de Washington ordenó que el abogado de Trump, M. Evan Corcoran, brindara una ampliación de su testimonio ante el gran jurado en la investigación sobre los documentos confidenciales retenidos en Mar-a-Lago. En una comparecencia anterior ante el gran jurado, Corcoran había invocado el secreto protegido entre abogado y cliente para negarse a responder más preguntas, pero los fiscales presionaron para obtener más testimonios. La jueza Beryl Howell les dio la razón y dictaminó que Corcoran tenía que regresar ante el gran jurado, donde se presentó una semana después.
Y la semana pasada se produjo otro caso, cuando un juez federal diferente, James Boasberg, dictaminó que el exvicepresidente Mike Pence tenía que brindar testimonio en una investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia sobre los intentos de Trump para anular las elecciones.
En un comunicado sobre el dictamen que involucraba a Pence, un vocero de Trump dijo que el Departamento de Justicia “se aparta continuamente de las normas, en un intento por destruir los estándares de confidencialidad abogado-cliente y los fueros de ejercicio del Poder Ejecutivo, históricamente aceptados y basados en la Constitución”. (La Nación)
