En Argentina hay libre portación de armas: delincuentes comunes y narcotraficantes las portan y las usan 24 horas al día

(Por: Rubén Lasagno) – Desde hace tiempo, políticos, técnicos, criminalistas, gobernantes y legisladores desorientados ante la problemática de la inseguridad, atinan a solventar desde el discurso “el combate frontal a la violencia” y apuntan sus cañones dialécticos hacia la población civil, a la que proponen, entre otras cosas, desarmarla, impidiendo que cualquier ciudadano honesto pueda disponer de un arma para una actividad deportiva, por ejemplo.

Ninguno de ellos, en cambio, establecen con la misma contundencia cuáles son las medidas que se deben tomar para combatir las armas clandestinas en manos de asesinos y narcotraficantes; es decir, cazan en el zoológico. Hacen populismo barato combatiendo lo legal, porque son incapaces de proponer un plan coherente y eficaz para controlar la delincuencia o son cómplices con quienes manejan y reproducen este negocio fenomenal de la narcocriminalidad en el país.

Por esto estamos en condición de decir que quienes se espantan ante la posibilidad de una “sociedad armada”, se refieren exclusivamente a la sociedad legalmente armada, porque los delincuentes, la sociedad ilegalmente armada, tienen libre portación de armas las 24 horas, dado que para ellos no hay ningún tipo de regulación, ya que desconocen la ley y tampoco hay punición, porque no hay justicia, ni Inteligenvcia ni recursos represivos del Estado para combatir esa proporcionalidad de armas ilegales que de acuerdo a estimaciones, doblaría o triplicaría en número a las registradas en el país.

Uso político e ignorancia en el tema

Los candidatos políticos, de manera recurrente, en sus campañas, usan todo tipo de ardides y falacias, para “convencer” al electorado, de ser portadores de soluciones mágicas a problemas complejos, que ni siquiera han podido ser resuelto en países más desarrollados.

Uno de esos temas, es la venta, comercialización, tenencia y portación de armas, por parte de la sociedad civil. Al respecto hay dos faros legales que a veces se mezclan innecesariamente, debido a la interpretación antojadiza que hacen algunos, para acarrear agua a su molino, no siempre ubicados en el interés público, sino mas bien, sectorial, personal o corporativo.

La regulación de la compra, tenencia y transporte de armas por parte de la población civil, está claramente plasmada en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 sancionada el 21 de mayo de 1973.

Allí se expresa muy bien y específicamente cuál es el objeto, quiénes quedan incluidos, excluidos, a quiénes protege la ley y cuál es el material en sus distintas categorías que comprende la comercialización y tenencias en sus variadas clasificaciones como armas de guerra, de uso civil y condicional, pólvoras, explosivos y afines.

De todos estos ítems, la ley señala las autorizaciones y prohibiciones en cada caso y todo resulta claro y concreto. No existen dudas más allá de algunas cuestiones de orden técnico que pudieran presentarse. En Argentina es legal la adquisición de armas ya sea para la actividad cinegética, deportiva, colección o defensa del hogar. Y nuestro país es uno de los que más regula y tiene rigurosa legislación para obtener la licencia de Legítimo Usuario (LU), aún de muchos países más avanzados.

La Constitución Nacional, por su parte, como ley marco, habilita a cualquier argentino a “Armarse en defensa de la Patria”, lo cual es otra cosa, absolutamente distinta, porque la Carta Magna en su Artículo 21 no legitima al ciudadano a andar armado ni habilita a sectores de la sociedad a que se sientan legitimados por la ley a actuar contra otros sectores que se contraponen en sus intereses, mediante el uso de armas.

Esto de manipular la interpretación de forma aviesa de los principios generales de la Constitución en favor de intereses sectoriales, da lugar para que grupos piqueteros justifiquen ataques armados contra oponentes políticos de otro sector o si nos remontamos a la década del ´70, resume el pensamiento esquizofrénico de la guerrilla, que embanderados en principios “revolucionarios y de liberación” produjeron un baño de sangre en el país, enfrentando a las dictaduras y legalizando, en definitiva, la ilegalidad de un gobierno de facto, solo sustentado en los “derechos mal interpretados” que se le daba la Constitución de uno y otro lado.

Todo esto sucede cuando se interpretan las leyes de manera subjetiva y cuando desde sectores interesados (desarmistas o armamentistas) intentan forzar esas interpretaciones para abonar sus particulares e interesadas posiciones.

Hablar sin saber, prometer sin comprometerse

Hay un tema mucho más grave aún y es cuando aparecen en el espectro político nacional, intereses políticos y de campaña, que distorsionan la verdad, desvían el enfoque y contribuyen decididamente a la confusión general.

Como principal verdad, casi absoluta e inmodificable, es que la potestad de la fuerza la tiene el Estado.

Ningún particular, institución civil o grupo, puede sustituir al Estado en el ejercicio de la fuerza pública. Ahora bien, cuando el Estado está ausente desde hace décadas en la seguridad pública y ciudadana del país, nadie puede garantizar la seguridad del ciudadano y por ende, es el propio ciudadano quien adopta el rol de protector de su vida, la de su familia y sus bienes, dentro de un marco absolutamente lícito y legal.

Y es aquí donde comienza a enrarecerse el clima de la legalidad, se distorsionan las verdades y aparecen grupos interesados en mantener un discurso u otro como válido, dando lugar a la aparición de los oportunistas políticos y de los ignorantes del periodismo que ayudan conscientes o inconscientemente, para un lado o para otro.

En un escenario como este sobresalen los Milei que prometen “portación libre para todos y todas” y las Losadas que quieren “prohibir lisa y llanamente, la venta de armas en el país”. Ninguno de ellos piensa (ni le importa) profundizar en las ideas que exponen ni en las cosas que dicen y las consecuencias que implica todo eso, en uno u otro sentido. Los extremos confluyen a un mismo punto: la inacción, la inmovilidad y la incoherencia de las acciones en materia de seguridad y enloda y no contribuye a la clarificación de los límites en el uso de las armas.

Como si esto fuera poco, aparecen en el escenario de los medios, actores que lideran y conducen programas y noticieros en canales de televisión, quienes pagos o gratuitos, se constituyen en prácticos malformadores de opinión que llevan más confusión aún a la sociedad, la cual es bombardeada por operaciones de todo tipo y en distintos sentidos, según se trate de los pro armistas, anti armamentistas o ignorantes supinos que hablan desde un micrófono sin saber de qué se trata y siguiendo solamente lo que ha escuchado de alguien o leído en zeta en alguna revista que cayó en sus manos, sin ningún rigor científico, legal o técnico.

Por eso es tan importante leer, concientizarse del problema y conocer el fenómeno, la mecánica y  especialmente las leyes. Detrás de los desarmistas y los armamentistas, se cuelan ciento de miles de millones de dólares. Nada es casual, ni vocacional y mucho menos “ideológico”. Se trata de negocios de los cuales vive muchísima gente y especialmente del sector político.

Es metodológico

Todas las dictaduras y los populismos del mundo, además de cercenar las libertades individuales, censurar la prensa y perseguir opositores con cárcel y desapariciones, sistemáticamente lo primero que hacen es realizar una fuerte campaña de desarme civil; es decir, no es otra cosa que una metodología de manual.

Esta acción, anticonstitucional en la Argentina, la disfrazan de campañas de concientización sobre el lema “tenés un arma, tenés un problema”, pero el verdadero problema lo tienen los gobiernos autoritarios, déspotas o dictactoriales, quienes saben que los mecanismos de opresión y sojuzgamiento a los que someterán al pueblo, peligran si la sociedad civil permanece armada.

No es casualidad que Pinochet en Chile, tuviera terminantemente prohibida la compra y comercialización de armas a civiles durante su dictadura, reflejos que aún hoy se advierten en el vecino país; en Argentina el general Videla desplegó una encarnizada campaña de “entrega voluntaria, gratuita y compulsiva de armas” con fuerte imputación de grave delito de posesión ilegal si advertían a un civil propietario de armas, muchas de las cuales, como reliquias luego lucían en las oficinas de Comisarios, oficiales del ejército o funcionarios políticos civiles de la dictadura.

Fidel Castro, jamás permitió que un civil tuviera un arma en su casa, Hugo Chávez decomisó armas y amenazó públicamente a quienes no entregaran las armas en manos civiles y lo mismo pasó en El Salvador, en Perú y Nicaragua en su historia reciente. Todos países con raíces neo comunistas, populismos o socialismos asociados con dictadorzuelos como Nicolás Maduro, implementaron el método y hasta Lula busca cerrar los clubes de tiro en Brasil

Todos estos regímenes, la primera acción que emprendieron, fue desarmar a la población civil y no ha sido, especialmente, para “cuidarla” como sostienen desde el discurso, sino para que no puedan defenderse de sus propias políticas criminales, mientras dejan a la sociedad a merced de sus bajos instintos políticos, les roban los recursos naturales y acuerdan con el narcotráfico y la narcocriminalidad, dividirse el territorio para transformarlo en un botín, sin el peligro que algún grupo, pueda revelarse en su contra. (Agencia OPI Santa Cruz)