(Por: Rubén Lasagno) – En relación al megaoperativo contra el tráfico de drogas, de personas, lavado de dinero y armas, ocurrido entre Argentina y Chile, por una banda binacional dentro de la causa denominada “Alianza Austral” el 21 de octubre 2023 con la detección tanto en nuestro país como Punta Arenas de decenas de personas, escribimos un informe a raíz de un curioso fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia integrada por los Dres. Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez que decidió liberar en ese momento a Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister, todos imputados argumentando en el escrito judicial “Juzgamos que Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister van a aceptar de buena gana permanecer sin mayores inconvenientes en las localidades donde tienen arraigo, sin evadir el accionar de la justicia”, al indicar los jueces que no creían que haya riesgo de entorpecer la investigación, señalaba resolución judicial, a pesar que uno de ellos, Gasparini, presentó documentación apócrifa para justificar la procedencia de la mercadería que fue incautada como acción del contrabando.
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Marcelo Gasparini (41), los hermanos Pablo José (32) y Maximiliano Guillermo Toledo (34), Pedro Adolfo Toledo Oyarzun (36) se encontraban imputados por ser coautores de los delitos de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado. En tanto que Omar Estanislao Schulmaeister (68) fue acusado de ser coautor de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con contrabando agravado y lavado de activos de origen ilícito agravado. El Juez Federal Leal Ibarra, los dejó en libertad y les puso como condición, a todos los imputados de estos graves delitos, que solo se podía asociar para hechos lícitos (¿?).
Y rematábamos aquel informe diciendo “Una vez más, no podemos soñar con una argentina esperanzada en el porvenir, si la casta política (y hablo de la de MIlei incluçida), la judicial y los delincuentes asociados, no tienen punición. Donde la Justicia no existe, es lenta o parcial, los derechos de todos los ciudadanos honestos, se ven pisoteados”.
El pisotón final
Más de un año y medio trabajó el Fiscal Federal Julio Zárate y el juez Federal Claudio Vázquez junto a la justicia chilena, para desbaratar la banda. El 21 de diciembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia con Leal Ibarra a la cabeza, declaró la nulidad de las indagatorias, aludiendo que no se respetó el principio de congruencia entre la investigación, la prueba, las indagatorias y el procesamiento, con lo cual, según el fallo el principio de legalidad y garantías de los acusados, se veían afectadas.
El juez también anuló las escuchas telefónicas realizadas por Gendarmería Nacional, aludiendo que se realizaron con un sistema no autorizado, homologado ni avalado por el Estado Argentino y sus leyes y por todo esto, los embargos de más de 500 millones que pendían sobre los acusados, fueron levantados (pueden hacer uso de sus patrimonios libremente) y en última instancia la Cámara dio marcha atrás con la liberación total de culpa y cargo de los delincuentes (hacia eso iba el fallo de Ibarra) y envió a la Fiscalía la causa para que se revise la instrucción. Mientras todo eso ocurre, los imputados pueden hacer lo que quieran, caminar libre por las calles y hasta volver a delinquir, porque es la propia justicia que los protege.
El país de la libertad
Argentina no llega a despegar como tal, debido, precisamente, a la falta de justicia que corroe y atraviesa a una de las bases fundamentales de una sociedad moderna. Nadie puede pretender que los delitos no se cometan, lo que se exige en un país serio, es que el sistema judicial funcione para castigar a los que infringen las leyes.
Cuando jueces y fiscales se valen de tecnicismos, dan vuelta o subvierten las interpretaciones en sus fallos o buscan excusas sencillamente obscenas para el buen entender de lego, la sensación que queda es de impunidad; la sociedad siente que ha sido burlada y se profundizan los padecimientos del hombre común, el honesto, el que se levanta todos los días para trabajar y pagar el sueldo de funcionarios judiciales que por acción u omisión, colaboran para generar junto a la clase política, cada vez más nihilistas, en un mundo donde los descreídos y desconfiados abundan por la falta de gratificación que tienen del último y supremo recurso que todos tenemos: la justicia.
Hemos visto hasta el cansancio cómo jueces, tribunales, fiscales y abogados de toda laya, ensayan pasadizos, cortan camino y transitan los más oscuros vericuetos que les permite la porosidad de los Códigos y las leyes, para que grandes delincuentes, chorros del Estado, saqueadores del pueblo argentino, delincuentes matriculados, a pesar de haber robado miles de millones de dólares y estar probado hasta el cansancio, sigan robando, usufructuando de la plata mal habida y en libertad, siendo parte aún, de la política nacional, el empresariado argentino y mostrando obscenamente sus riquezas sin castigo ni costo alguno.
En la justicia “todo se puede explicar”, me decía un viejo profesor de Derecho en la facultad donde agregaba “una bogado no es un defensor de las leyes, como muchos equivocadamente creen, es quien tiene la gran habilidad de encontrarle los puntos flacos para vulnerarla” y así planteada la premisa, es que siempre habrá un elemento clave para que un juez con cierta tendencia al fallo salomónico zafaroniano, encuentre las claves para aplicar “el derecho de admisión” a los delincuentes, dejando libres a quienes crea que no completaron bien una ficha o, como en este caso, porque el fiscal no se apegó a los procedimientos o vaya a saber qué otra excusa podría aparecer, con tal de sacarles la mochila a traficantes de drogas, armas, dinero y personas.
Quizás desde lo legal o procedimental, las justificaciones sean válidas. También los procedimiento se pueden hacer a propósito de manera defectuosa como paso previo y condición necesaria para que una causa caiga. De cualquier forma hay una realidad en esta megacausa que nos ocupa: los imputados del lado chileno están presos y del lado argentino, ninguno de ellos quedó detenido desde al año pasado, no tienen inhibiciones y hoy transitan libres de culpa y cargo por el país y la provincia a pesar de los gravísimos delitos que cometieron.
¿Cómo es eso de que el delito no paga?. Al menos en nuestro país, es una inversión, no una condena. (Agencia OPI Santa Cruz)
IMPUNIDAD AL PALO JUECES CORRUPTOS