La empresa de medicina prepaga enfrenta una investigación por presunta desobediencia de una medida cautelar.
La jueza federal María Isabel Caccioppol ordenó hoy investigar los estados contables de la empresa de medicina prepaga OSDE para determinar el destino de los fondos cobrados de más por los aumentos autorizados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. La decisión se tomó durante una audiencia realizada por Zoom, en el marco de un amparo colectivo que se tramita en los tribunales federales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
La jueza solicitó a la fiscal Josefina Minatta que “proceda a investigar los estados contables y dónde fueron los fondos de los más de dos millones de afiliados” de OSDE. La empresa estuvo representada por su director general, Luis Fontana, pero la audiencia concluyó sin un acuerdo entre las partes.
Valeria Carreras, abogada en representación de uno de los amparistas, presentó una denuncia penal contra OSDE por el presunto delito de “desobediencia” de una medida cautelar que prohíbe aumentar las cuotas del servicio. “No ha dado cumplimiento con la cautelar de mentas y no solo ello, sino que no ha acreditado en el amparo haberlo hecho (reducir las cuotas en los términos de la sentencia judicial). Tampoco comunicó de ninguna manera a mi representado, afiliado y consumidor de la empresa de salud, incumpliendo también previsiones de la Ley 24.240 (deber de informar en forma clara detalle de conceptos facturados y servicios prestados)”, sostiene la denuncia.
Durante la audiencia no se lograron avances sobre cómo la empresa devolverá lo cobrado de más ni sobre cómo adecuará los valores de las cuotas hacia el futuro. La falta de claridad en estos aspectos mantiene la incertidumbre entre los afiliados de OSDE, quienes esperan una resolución que garantice la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Los próximos pasos en este caso serán cruciales para determinar la responsabilidad de OSDE y asegurar que se tomen las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad y proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA