El fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, han solicitado el procesamiento del exministro de Salud, Ginés González García, y otros acusados en la causa conocida como “vacunatorio VIP”. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, encargada de la investigación, debe resolver la situación procesal del exministro, quien ya fue interrogado y negó haber cometido delitos en relación con la entrega de vacunas durante la pandemia de COVID-19.
La solicitud de procesamiento también incluye a Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Posadas; Graciela Torales, exjefa de Coordinación de Atención a Pacientes del mismo hospital; Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas; y Marcelo Ariel Guille, secretario privado del exministro. Las defensas de los acusados han pedido el sobreseimiento de sus representados, dejando la decisión final en manos de la jueza Capuchetti.
La causa se inició en 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló haber recibido una llamada para ser vacunado, a pesar de que la prioridad era vacunar al personal de salud y otros sectores esenciales. En su declaración, González García argumentó que las vacunas estaban respaldadas por resoluciones del Ministerio y presentó un descargo escrito de 100 páginas. Sostuvo que las personas vacunadas eran de alto riesgo en caso de contagio, justificando así la entrega de las dosis. La investigación confirmó la existencia de un vacunatorio en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas en 2021.
La jueza Capuchetti tiene un plazo de 10 días para decidir sobre el procesamiento de González García y otros seis exfuncionarios por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad. La declaración de González García fue la última en ser tomada tras la reapertura del caso, ordenada por la Cámara Federal porteña, que instruyó continuar la investigación después de que inicialmente la jueza considerara que no había delito y archivara el caso.
Además, hay una segunda fase de la investigación que aún está pendiente, centrada en las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19. La Cámara Federal porteña ha ordenado que también se investigue a estas personas. La causa continúa generando controversia y atención pública mientras se espera la decisión de la jueza Capuchetti sobre el procesamiento de los implicados. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
Qué justicia de mierda tenemos en Argentina. Pareciera que estuvieran esperando que la causa prescribiera o que el delincuente se muera antes de procesarlo