Diputada revela proyectos para liberar represores condenados

La diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, generó un fuerte revuelo al filtrar una serie de proyectos y un decreto presidencial en los que trabajaban legisladores libertarios para promover la liberación de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. A través de su cuenta en la red social X, Arrieta publicó conversaciones de WhatsApp en las que sus compañeros de bancada organizaban visitas a exmilitares condenados, actualmente detenidos en el Penal de Ezeiza, y compartió los documentos que supuestamente estaban preparando para facilitar su liberación.

Entre los proyectos revelados, se destaca el denominado “Plazo Razonable”, una iniciativa legislativa que busca liberar a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de 1976, siempre que hayan pasado 20 años desde la comisión del delito sin que se haya dictado una sentencia judicial firme. Según el borrador del proyecto, se propone incorporar un nuevo inciso al artículo 59 del Código Penal Argentino, estableciendo que “transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo”, el delito debería prescribir.

El argumento central del proyecto es que el plazo de 20 años supera los tiempos previstos en la jurisprudencia nacional e internacional y en las normativas procesales actuales, asegurando que se trata de un término más que suficiente para garantizar un juicio justo.

Además del proyecto de ley, Arrieta también publicó un decreto propuesto por legisladores libertarios, con la intención de obtener la aprobación del presidente Javier Milei. Este decreto plantea la liberación de exmilitares que hayan permanecido detenidos durante 25 años desde la comisión del delito. El documento establece que, independientemente de los criterios de los tribunales nacionales o federales, se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal, incluyendo aquellos por delitos de lesa humanidad que aún no han recibido sentencia firme. Vencido este plazo, según el decreto, “operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.

El decreto justifica esta medida argumentando que la magnitud y cantidad de los procesos por delitos de lesa humanidad saturan las agendas de los Tribunales Orales Federales, dificultando su capacidad para atender otros casos, como los relacionados con la corrupción y el narcotráfico.

Tras la publicación de estos documentos, Lourdes Arrieta se distanció de las intenciones reveladas, afirmando que estos proyectos no forman parte de la agenda del presidente Javier Milei y que no reflejan los ideales de libertad que ella defiende. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, declaró la diputada, subrayando su oposición a cualquier iniciativa que no se alinee con los principios fundamentales de su partido. (Agencia OPI Santa Cruz)