El Gobierno ha presentado hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar y reformar un conjunto de leyes consideradas “obsoletas” o que “limitan las libertades de los ciudadanos”. Este proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca derogar alrededor de 70 leyes, muchas de las cuales fueron promulgadas durante gobiernos militares y gestiones constitucionales del siglo XX.
Una de las reformas más polémicas incluidas en la propuesta es la eliminación del financiamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que ha sido un bastión del peronismo bonaerense y actualmente es presidida por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Si se aprueba el proyecto, la FAM deberá financiarse únicamente con los aportes de sus afiliados y recursos del sector privado, prohibiendo el uso de fondos del Estado nacional. La ley estipula que la FAM “no podrá recibir recursos del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria”.
El proyecto también propone cambios en el financiamiento del Círculo de Legisladores, eliminando la partida que actualmente está incluida en el Presupuesto Nacional y obligando a financiarse a través de las cuotas de sus afiliados. Además, se deroga la ley de padrinazgo al séptimo hijo, que establecía la obligación de otorgar recursos para la educación primaria, secundaria y universitaria.
En la justificación del proyecto, el Gobierno argumenta que busca “promover la seguridad jurídica y remover obstáculos para el desarrollo personal y del país”. Destaca que la iniciativa busca eliminar normas que generan “gastos innecesarios para los contribuyentes” y que son consideradas obsoletas o violatorias de principios constitucionales. Se menciona que, según el Gobierno, “cuantas más leyes, menos justicia”, enfatizando que la sobrerregulación ha llevado a una situación en la que “pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado”.
Entre las leyes que se propone derogar se encuentran varias de gobiernos militares y constitucionales, como la ley del gobierno de Juan Perón que imponía penas de prisión a quienes defendieran los derechos humanos en el ámbito internacional, y la ley 18.312 del gobierno de Juan Carlos Onganía, que limitaba la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel para diarios. También se busca eliminar la ley 19.787, que obligaba a la difusión de ciertos tipos de música, y la ley 20.120, que autorizaba a la policía a ingresar a reuniones públicas sin previo aviso.
El proyecto también incluye la derogación de la ley 20.959, que otorgaba privilegios a legisladores en términos de circulación y estacionamiento, así como la ley 20.983, que imponía a los medios de comunicación a destinar tiempo a temas turísticos. Finalmente, se propone derogar la ley 22.875, que permite la relocalización forzosa de actividades productivas, y la ley 22.964, que permitía la internación forzosa de enfermos de lepra, considerada por el Gobierno como de “corte netamente medieval”. (Agencia OPI Santa Cruz)
