En el marco de la reestructuración del Estado, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, argumentando que la política habitacional debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, con menor intervención del Estado.
La decisión se suma a la disolución de fondos fiduciarios vinculados a la vivienda, que habían sido objeto de auditorías por mal uso de recursos y falta de controles.
Uno de ellos fue el Fondo Fiduciario del Programa PROCREAR, cuya liquidación se había iniciado con el Decreto 1018/2024 tras detectarse demoras en entregas y fallas de habitabilidad. También se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (Decreto 6/2025), señalado por presuntas irregularidades y uso político.
El Gobierno también trabaja en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), mientras que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Para garantizar la transición, se creará una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) encargada del cierre progresivo de la Secretaría.
“La Nación está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el crédito privado y la libertad“, expresó la Casa Rosada en el Boletín Oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)