El ex presidente Alberto Fernández facturó servicios jurídicos por al menos 4 millones de pesos entre 2010 y 2019 al broker Héctor Martínez Sosa y empresas vinculadas, según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) incorporado a la causa conocida como “Seguros”, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones estatales durante su gestión.
La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, y apunta al supuesto direccionamiento en la elección de intermediarios para la contratación de seguros en organismos públicos, a través de la empresa estatal Nación Seguros. La investigación involucra presuntos sobreprecios en las comisiones pagadas a los brokers designados, entre los que figura Martínez Sosa, quien además es esposo de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
El informe de la PROCELAC, basado en documentación fiscal, detalla que el ex mandatario emitió facturas por diversos servicios durante nueve años a nombre de Martínez Sosa y a sociedades como HMS SA y Austral Consulting SA, que estarían vinculadas al mismo intermediario. La última factura emitida, según consta en el expediente, fue el 6 de diciembre de 2019, pocos días antes de que Fernández asumiera la Presidencia de la Nación.
Ya en ejercicio del poder, el entonces presidente firmó el decreto 823/2021, que modificó el régimen de contratación de seguros en el sector público nacional, habilitando la participación de intermediarios privados —los brokers— a través de Nación Seguros, una decisión que ahora está bajo la lupa de la Justicia.
Durante su declaración indagatoria en noviembre de 2024, Alberto Fernández reconoció tener una relación de amistad con Martínez Sosa, aunque negó cualquier irregularidad. Sin embargo, para los investigadores, el vínculo previo entre ambos y la posterior habilitación formal a través de un decreto presidencial podría configurar un esquema de beneficios direccionados.
La causa Seguros cuenta con 39 personas indagadas, entre ex funcionarios, intermediarios y empresarios. El juez Casanello deberá ahora resolver las situaciones procesales de todos los imputados, mientras continúa el análisis del circuito económico y jurídico que facilitó la presunta maniobra. (Agencia OPI Santa Cruz)