El procurador general ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, solicitó este martes que se condene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión en la denominada causa Vialidad. El dictamen fue presentado ante el máximo tribunal del país y respalda la apelación que había formulado el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien reclamó la revisión del fallo que absolvió a la ex mandataria del delito de asociación ilícita y ratificó la condena a seis años por administración fraudulenta.
Casal sostuvo que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal incurrió en una omisión al no analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal al momento de confirmar la absolución por asociación ilícita. Afirmó que se trató de una organización de funcionarios encabezada por Cristina Kirchner en calidad de jefa, que actuó de manera coordinada para cometer múltiples delitos vinculados a la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública. Las obras en cuestión fueron asignadas a empresas del empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa, y abarcaron un período que comprendió los tres mandatos presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner.
Según el dictamen de Casal, la sentencia de Casación fue arbitraria porque vulneró el derecho de defensa y no cumplió con su función revisora al omitir un análisis concreto de los nuevos argumentos presentados por el fiscal Villar. El procurador consideró que el accionar de la ex presidenta no solo se encuadra en la figura de administración fraudulenta, sino también en la de asociación ilícita, al haber liderado una estructura organizada para direccionar recursos estatales.
La causa Vialidad investiga el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas vinculadas a Báez durante los gobiernos kirchneristas. El Tribunal Oral Federal N° 2 había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero solo en lo relativo al delito de administración fraudulenta.
Casal también respaldó el pedido del fiscal para que se revise la absolución del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro. Según el procurador, De Vido tuvo un rol clave en el esquema delictivo al dictar actos administrativos desde su cargo que garantizaron la asignación presupuestaria a favor de Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez. El dictamen indica que, a pesar de que muchas de las obras registraban escasos avances o demoras injustificadas, dicha empresa fue la única que recibió pagos completos sin registrar deudas con el Estado.
El documento presentado por Casal ya fue elevado a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ahora están en condiciones de resolver si hacen lugar a los recursos presentados tanto por la fiscalía como por las defensas de los condenados, que insisten en la absolución. Aunque el dictamen del procurador no es vinculante, constituye un paso clave en el proceso de revisión de una de las causas más emblemáticas por presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas. (Agencia OPI Santa Cruz)