(Por: Rubén Lasagno) – Nada es más previsible que el gobierno de Santa Cruz. Tiene una propensión a ser más explícito cuando quiere ocultar algo y no precisamente porque haga un culto de la transparencia, sino por su incapacidad para comunicar ordenada, correctamente y en los tiempos que corresponden.
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El 26 de abril de este año adelantamos que el proyecto productivo del gobernador Claudio Vidal, incluía el desarrollo minero del uranio en Laguna Sirven (Las Heras), a través de Fomicruz, la llave asociada que tiene el actual gobierno para articular cualquier emprendimiento productivo, ya sea, en el ámbito de la minería o el petróleo.
Esta semana que pasó, el gobierno provincial confirmó de manera “natural” que Fomicruz le concesionó a Sophia Energy, de la familia Costa, la explotación de las áreas y Oscar Vera presidente de Fomicruz dijo “Nosotros estamos trabajando en propiedades nuestras que están 60 kilómetros al sur de Las Heras, en lo que se llama Meseta Sirven. En ese lugar tenemos 20 mil hectáreas y estamos trabajando en asociación con Sofía Energy, que ellos tienen 80 mil hectáreas alrededor nuestro. En total son casi 100.000 hectáreas”, Obviamente simplificó tanto el anuncio que nunca explicó por qué y merced a qué mecanismos, sólo ésta empresa adquirió los derechos para explotar el uranio, como propio.
Sin EIA, ni Audiencia, ni licencia social
No se conoce ni se ha publicado y tampoco se ha demostrado fácticamente, el Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debe sostener y fundamentar un emprendimiento de este tipo y se desconoce si este ingreso a Santa Cruz la minera lo hace, como se sospecha, a través del RIGI una ley de ventajas comparativas a las cuales Claudio Vidal mandó a aprobar, prácticamente con nombre y apellido.
La provincia no ha hecho ningún tipo de convocatoria social o Audiencia Pública en Las Heras para conocer la opinión de la gente, dado que por la proximidad del yacimiento a la ciudad y el factor de contaminación que posee el material a extraer, especialmente en este tipo de explotación a cielo abierto, que fácilmente las empresas obtienen entre los 30 cms de la superficie y los 3 metros de profundidad, produce la liberación de materiales altamente contaminantes que impactan todo el entorno inmediato y mediato.
Algo que el gobierno provincial no ha dicho y a la población de Las Heras parece no importarle, son los peligros de contaminación del agua y suelo con uranio, metales pesados y radionucleidos, la liberación de radón y polvo tóxico que producen al remover cantidades industriales de suelo, la generación de grandes cantidades de residuos, la degradación del paisaje y la exposición a la radiación, afectando a la salud humana y al medio ambiente, en varios kilómetros a la redonda del yacimiento.
En la comunicación oficial que acaba de hacer el gobierno provincial, no dice absolutamente nada de esto; solo vende las bondades “de la inversión” y el consabido discurso populista anclado en “la necesidad de la propia gente”, al resaltar la mano de obra, las Pymes que se crearán, el comercio local que se desarrollará, lo cual ya sabemos, es una falacia discursiva más en la búsqueda del convencimiento o la llamada licencia social, que a éste gobierno como al anterior de Alicia Kirchner, nunca le importó.
El gobierno provincial tampoco habla de las medidas preventivas que exigirá o ha tomado ante la eventualidad del inicio de las actividades productivas, las cuales, teniendo en cuenta la forma en que actúa Fomicruz, ya deben haber comenzado en la zona, porque así sucedió con la fase exploratoria en el año 2014 con aquella empresa Mercest SA del Grupo Costa, la cual realizaba cateos sin las autorizaciones correspondientes.
Nadie pregunta, nadie interviene, nadie objeta
Santa Cruz tiene una dinámica social en materia del interés público sobre todo aquello que lo afecta, bastante particular. En Chubut, por ejemplo, no solo hay legislación que prohíbe la minería a cielo abierto y existen movimientos organizados que presionan a los gobiernos provinciales para no desconocer a la opinión pública, síno que la población en conjunto reacciona inmediatamente, cuando ven amenazado el medio ambiente donde viven, con la actividad minera que el actual gobernador Torres, está obligado a desarrollar.
En Santa Cruz la apatía es total. Los sucesivos gobiernos transan con las empresas privadas, entregan los recursos naturales por monedas y no exigen absolutamente nada en materia medio ambiental. Lo mismo ocurre con las petroleras; y el actual gobierno del SER, no es la excepción, sigue la regla.
El intendente de Las Heras es un producto de esa misma sociedad y nadie, absolutamente nadie, levanta la voz para marcar límites o hacerle reclamos políticos, aún cuando hay evidencias fácticas de que tanto el gobierno en Santa Cruz, como las empresas amigas del poder, avanzan en sus negocios, sin importarles nada de “la licencia social” y ni siquiera de lo que piensen aquellos a los que exponen (como en este caso) a una contaminación directa y extremadamente peligrosa como es la explotación de uranio en yacimientos superficiales a muy poca distancia de un centro urbanizado. (Agencia OPI Santa Cruz)