La Justicia de Chile procesó por primera vez a cinco personas acusadas de participar en una red de adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet, en un fallo sin precedentes que reconoce la existencia de un entramado de sustracción de menores operado con respaldo institucional entre 1973 y 1990. La medida judicial fue adoptada por el juez Alejandro Aguilar Brevis, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien dictó prisión preventiva para los acusados por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa, en el marco de un caso que involucra la adopción irregular de dos niños de la comuna de San Fernando.
Según precisó el Poder Judicial chileno, esta red operó en la década de 1980 en San Fernando, a 135 kilómetros de la capital, Santiago, y estaba conformada por abogados, funcionarios judiciales, miembros del sistema de salud, integrantes de organizaciones sociales y sacerdotes de la Iglesia Católica. El grupo identificaba a madres de bajos recursos y facilitaba la entrega de sus hijos a matrimonios extranjeros a cambio de pagos que podían alcanzar los 50.000 dólares.
La investigación determinó que la red utilizaba diferentes mecanismos para legalizar las adopciones. En algunos casos, se entregaba la tutela del menor a un tercero para facilitar su salida del país; en otros, se inscribía falsamente el fallecimiento del bebé en el Registro Civil, permitiendo así que fuera registrado como hijo biológico por los nuevos padres en el país de destino.
La principal acusada es Ivonne Gutiérrez Pavez, quien al momento de los hechos era jueza del Juzgado de Menores de San Fernando. Actualmente reside en Israel y el juez Brevis solicitó su extradición amparado en el Convenio Europeo de Extradición, recientemente puesto en vigor y que contempla también a ese país.
Se estima que durante la dictadura chilena unos 20.000 menores fueron adoptados irregularmente por familias extranjeras, aunque hasta ahora solo 1.000 de ellos han logrado reencontrarse con sus familias biológicas. Las primeras denuncias sobre esta red salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 que la Justicia abrió una causa formal. En 2022, el gobierno de Gabriel Boric impulsó un plan piloto para identificar víctimas de estas adopciones ilegales y avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más opacos de la dictadura chilena. (Agencia OPI Santa Cruz)