El Gobierno de Venezuela renovó este miércoles sus denuncias contra Estados Unidos por la presunta separación de al menos 18 niños y niñas venezolanos de sus madres, en lo que califica como una “violación flagrante del derecho internacional”. La situación, que ha sido denunciada en instancias diplomáticas y foros multilaterales, ha generado una fuerte reacción tanto desde el Ejecutivo como de amplios sectores de la sociedad civil, que exigen la devolución inmediata de los menores.
De acuerdo con la versión oficial, los infantes fueron separados de sus madres en el marco de procesos migratorios o intentos de reunificación familiar. Las autoridades venezolanas sostienen que las progenitoras fueron deportadas o apartadas de sus hijos sin las debidas garantías legales, lo que habría derivado en la colocación de los menores en hogares temporales en territorio estadounidense. Desde Caracas se señala esta medida como un acto de “extrema crueldad”, impulsado por políticas migratorias “xenófobas y criminales”.
El reclamo por el retorno de los niños ha tomado fuerza en las últimas semanas, en paralelo con una campaña pública promovida por organismos estatales, movimientos sociales y representantes diplomáticos. Durante un recorrido realizado por medios estatales en distintas zonas de Caracas, vecinos manifestaron su repudio a lo que consideran una práctica inhumana, y demandaron respuestas concretas a las autoridades estadounidenses.
Especialistas en salud mental han advertido sobre el impacto emocional que estas separaciones pueden causar en los menores. Trastornos como ansiedad, depresión y traumas por la ruptura del vínculo materno-filial figuran entre las consecuencias más comunes señaladas por psicólogos y pediatras, que subrayan la necesidad de priorizar el bienestar emocional de los niños en cualquier decisión de política migratoria.
El Gobierno venezolano también ha llevado la denuncia a foros multilaterales con el objetivo de activar mecanismos internacionales de protección a la infancia, al tiempo que ha reiterado su solicitud de cooperación a organismos de derechos humanos para facilitar la reunificación familiar. Caracas sostiene que la situación exige una intervención urgente, basada en principios de humanidad y respeto al derecho internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)