(OPI TdF) – La causa judicial contra el juez Andrés Leonelli, imputado por presunta tenencia de pornografía infantil, sumó un nuevo capítulo de controversias luego de que su abogado defensor revelara fallas críticas en la cadena de custodia de evidencias clave. La denuncia, que apunta a irregularidades en el traslado del expediente físico desde Río Grande a Ushuaia, plantea dudas sobre el tratamiento de pruebas y advierte sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
El abogado del magistrado, Gustavo Ariznavarreta, detalló públicamente que un sobre con documentación sensible llegó abierto y sin el material digital solicitado, tras una demora de nueve días en un procedimiento que, de acuerdo con los protocolos judiciales, debía concretarse en un plazo no mayor a 24 horas. Según explicó en declaraciones radiales, la documentación estaba vinculada a 52 imágenes cuestionadas que Leonelli habría gestionado durante su paso por el Juzgado de Instrucción de Río Grande entre 2015 y 2017.
La orden de envío fue emitida el 2 de julio por la jueza María Cristina Barrionuevo, quien solicitó al actual titular del juzgado, Daniel Sahade, el envío urgente del expediente físico y los soportes digitales. Aunque Sahade confirmó la coincidencia de los códigos alfanuméricos de las imágenes con una causa previa tramitada por el propio Leonelli, el material arribó recién el 11 de julio en un sobre vulnerado y sin las pruebas originales requeridas. “No tenían relación con las 52 imágenes que exigíamos”, sostuvo Ariznavarreta.
La defensa consideró que el episodio configura al menos una violación de sellos y documentos, según lo establecido en el artículo 255 del Código Penal. En ese sentido, pidió una investigación sobre el recorrido del envío y reclamó que se determine quiénes manipularon el sobre, así como las razones de la demora. También señaló la ausencia de registros que detallen el contenido original de los tres dispositivos remitidos: dos CDs y un DVD.
Estas nuevas denuncias se suman a otras irregularidades ya advertidas por la defensa, como la intervención telefónica del juez Leonelli sin notificación previa, una acción que motivó la anulación de pruebas en etapas anteriores del proceso.
Ariznavarreta insistió en que desde el 3 de julio la jueza Barrionuevo cuenta con información suficiente para archivar la causa. Respaldó esta afirmación en el informe de Sahade, que estableció que las imágenes en cuestión provenían de una investigación judicial anterior y fueron visualizadas en una computadora del juzgado como parte del trabajo del magistrado. “Se trató de archivos subidos a la nube por razones laborales, como en otra causa similar que fue cerrada sin allanamientos”, explicó.
Consultado sobre la posible licencia de su defendido, el abogado aclaró que se trata de una decisión personal que no tiene impacto en el aspecto jurídico del expediente. En paralelo, la denuncia por el sobre abierto fue presentada por el propio Leonelli, en un intento de resguardar garantías procesales y denunciar un manejo indebido de pruebas que, según la defensa, afecta la seguridad jurídica más allá del caso particular. “Esto trasciende a Leonelli; es un problema para cualquier ciudadano”, advirtió Ariznavarreta, quien descartó que las irregularidades constituyan una estrategia para beneficiar al juez: “El 3 de julio esto ya estaba claro. Pedimos el cierre”.
La causa permanece a la espera de una resolución judicial que deberá emitir la jueza Barrionuevo una vez concluida la feria invernal. Mientras tanto, el expediente se ha convertido en un foco de atención no solo por la gravedad de la acusación, sino también por las debilidades procesales que expone en el sistema judicial fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)