El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que habían sido aprobados por el Congreso. A través del Decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo rechazó las iniciativas que buscaban aumentar las jubilaciones, reinstaurar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad.
El Gobierno argumentó en los considerandos del decreto que los proyectos eran fiscalmente irresponsables y no contaban con fuentes de financiamiento genuinas, lo que representa un incumplimiento de la Ley de Administración Financiera. El veto se fundamentó en dos ejes principales:
En primer lugar, el costo fiscal “exorbitante“. El decreto señala que las tres iniciativas combinadas implicaría un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones en 2026. Esta cifra equivale a casi el 1% del PBI para el año en curso y al 1,68% para el próximo, lo que, según el Gobierno, “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, considerado “innegociable“.
En segundo lugar, se cuestionó el procedimiento legislativo. El Ejecutivo consideró que la aprobación en el Senado estuvo “viciada por graves nulidades“, argumentando que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple, cuando se requería una mayoría de dos tercios debido a una “ilegítima interpretación del Reglamento“.
El proyecto sobre jubilaciones proponía un aumento de emergencia del 7,2%, un bono permanente de 110.000 pesos y transferencias a las cajas previsionales provinciales. La moratoria previsional buscaba reinstaurar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo a quienes no tenían los 30 años de aportes acceder a la jubilación, y flexibilizaba las condiciones para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En cuanto a la discapacidad, la ley declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica para los prestadores del sistema.
Con el veto presidencial, la discusión ahora regresará al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir en la aprobación y convertir los proyectos en ley. (Agencia OPI Santa Cruz)