La Justicia avanza en la causa por supuesta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, luego de que el fiscal federal Ramiro González dictaminara a favor de elevar a juicio oral la investigación que lo involucra por presuntas amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el contexto de violencia de género, en perjuicio de la ex primera dama Fabiola Yáñez.
El dictamen del fiscal, presentado ante el juez Julián Ercolini, considera que la investigación se encuentra finalizada y lista para la siguiente instancia judicial. En el texto, González describe la relación entre Fernández y Yáñez como una “relación asimétrica de poder“, iniciada en 2016, en la que, según la acusación, hubo un “hostigamiento sistemático” hacia la ex primera dama. La Fiscalía enumeró diversas formas de maltrato, incluyendo “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad“. Además, se hizo referencia a una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo” por parte de Yáñez.
La causa se fortaleció con evidencia obtenida del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, que contenía conversaciones, fotos y mensajes enviados por Yáñez en los que se mostraban moretones. La acusación también sostiene que, durante su mandato presidencial, Alberto Fernández habría ejercido una “violencia sistemática” que incluyó un “progresivo aislamiento en la residencia de Olivos“.
Tras el dictamen del fiscal, el juez Ercolini dará vista a la defensa del exmandatario para que presente sus argumentos. Posteriormente, el magistrado deberá resolver si el caso es enviado a un sorteo para asignar el tribunal oral que estará a cargo del juicio. De confirmarse la elevación a juicio, el expresidente enfrentará el proceso con el procesamiento por lesiones y amenazas ya confirmado por la Cámara Federal porteña.
Este no es el único frente judicial que enfrenta Alberto Fernández. El exmandatario también se encuentra procesado en la Causa Seguros, un caso que investiga la presunta contratación de “brokers” para pólizas de organismos públicos a través de un decreto. Actualmente, esta causa está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)