Decomisarán los bienes de Cristina Kirchner y su socio Lázaro Báez por 684 mil millones

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió hoy ordenar el decomiso de 122 bienes inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, medida que ejecuta la sentencia ratificada en junio pasado y que alcanza un monto actualizado de 684.990 millones de pesos. La decisión, emitida por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispone la realización y venta de los activos, luego de constatar el incumplimiento de pago de la suma original. El Ministerio Público Fiscal había identificado estas propiedades como instrumentos o productos de la maniobra fraudulenta de adjudicación de obra pública en Santa Cruz, desarrollada entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

La resolución del TOF 2 transforma el monto original de 84.835 millones de pesos en la cifra actualizada de 684.990 millones, empleando criterios técnicos que la Corte Suprema de Justicia validó previamente. El universo de bienes a decomisar incluye propiedades de la ex presidenta y activos cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de un extenso conjunto de inmuebles que pertenecen al empresario Lázaro Báez y a sus empresas vinculadas, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, abarcando terrenos, hoteles y departamentos localizados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal de la causa, Diego Luciani, había anticipado a fines del mes anterior su intención de avanzar con la ejecución del decomiso, remarcando la firmeza de la medida y la necesidad de actuar sobre los bienes ante la falta de pago.

La sentencia de diciembre de 2022 había establecido la existencia de un circuito de beneficios indebidos que partió de la adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz, un esquema que involucró sobreprecios, cartelización y la omisión de controles en favor de Báez. Según la justicia, este flujo de fondos públicos se tradujo en un incremento patrimonial ilícito que luego se canalizó en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner. Las defensas habían intentado frustrar la medida argumentando la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos anteriores por enriquecimiento ilícito y la potencial afectación de derechos de terceros.

El tribunal rechazó categóricamente estos planteos, fundamentando que la ejecución del decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios que resultaron de la maniobra delictiva. Los jueces respaldaron su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que promueven la recuperación de activos, y advirtieron que restringir el alcance del decomiso favorecería la impunidad económica en casos de corrupción estructural. Finalmente, el tribunal dispuso que, una vez tasados los bienes, se notifique a la Corte Suprema para que los fondos recuperados sean destinados al servicio de justicia y, específicamente, a la reparación del daño social provocado, con particular énfasis en la infraestructura vial de Santa Cruz, severamente afectada por las obras inconclusas. (Agencia OPI Santa Cruz)