La fiscal general Fabiana León iniciará el próximo jueves 6 de noviembre la acusación en el juicio por la causa “Cuadernos“, la cual describió como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina“. El debate oral, que se realizará de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal 7, procesa a la ex presidenta Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, definido como la recepción de pagos ilegales.
En un informe de su fiscalía, León comparó la magnitud de la causa afirmando que es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial” y detalló que la investigación llega a juicio con un total de 87 acusados. Junto a Cristina Kirchner, se juzgará a ex funcionarios clave como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El tribunal, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, analizará 540 hechos. El informe de la fiscalía resume que los acusados presuntamente lideraron, organizaron o integraron una asociación ilícita que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo era “recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales“. Entre los 65 empresarios que llegan al estrado se encuentran Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, además de Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
El caso también incluye a dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, el remisero autor de los escritos en los cuadernos, quien está procesado como supuesto miembro de asociación ilícita en calidad de imputado colaborador. El expediente 9608 se inició en 2018 con la entrega de dichos cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002. Los delitos imputados varían según el caso e incluyen asociación ilícita, que prevé hasta diez años de prisión, y cohecho, con un máximo de seis años, además de dádivas y encubrimiento.
Respecto a los bienes afectados por la investigación, la fiscalía de Fabiana León aseguró que desde 2018 se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc“. El informe sostiene que, si bien algunas medidas se cambiaron por otras para satisfacer mejor los fines, “ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido“. (Agencia OPI Santa Cruz)