(Por: Rubén Laasagno) – De acuerdo a información provista por el gobierno de El Chaco, la Fundación Valdocco que funcionaba en esa provincia de manera irregular, fue cerrada por orden gubernamental, tras lo cual el cura Juan Carlos Molina, responsable de la misma y flamante diputado nacional elegido en Santa Cruz como representante del Frente para la Victoria, a través de sus abogados interpuso una cautelar que está vigente.
Valdocco fue creada en El Chaco en 2010 y administra la denominada Unidad Educativa Privada con albergues en General Vedia y Comandancia Frías y tal las declaraciones de la ministra de Educación Sofía Naidenoff, el gobierno de El Chaco destinaba 124 millones de pesos mensuales para el salario de docentes fuera de su jurisdicción “Constatamos que 78 docentes cobraban simultáneamente en Santa Cruz y en Chaco”, dijo.
Interpuesta la acción judicial de parte de la defensa de Molina el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de El Chaco, le ordenó que el Estado siga pagando los salarios de los docentes registrados, a pesar de que el establecimiento está clausurado. La Ministra señaló que apelarán la medida judicial y se seguirá adelante con la suspensión de la actividad de Valdocco en esa provincia.
La funcionaria remarcó “En General Vedia sólo encontramos 25 chicos en situación de albergue, bajo un supuesto tratamiento terapéutico, pero sin vinculación familiar ni encuadre pedagógico adecuado”, E, tanto el director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, explicó que de los 99 docentes declarados solo una decena de ellos se pudieron corroborar cumpliendo tareas en General Vedia, mientras al resto no se los pudo ubicar, además de que la institución no poseía la documentación que acreditara la existencia de niveles secundarios o superiores que la estructura de la fundación declaraba oficialmente.
El secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, aclaró que los docentes cobraban sueldos sin residir en El Chaco, en cuyo listado Molina incluía docentes que de acuerdo al Padrón Electoral viven en Caleta Olivia y El Calafate en Santa Cruz, en CABA o en Juarez (Formosa) por lo cual aclaró el funcionario que se ha realizado otra denuncia por defraudación al Estado que involucra a estas personas como partícipes del delito, con lo cual como explicó el funcionario chaqueño, hay dos denuncias en curso; junto con los docentes están denunciados los responsables jurídicos de la Fundación más la apelación a la orden judicial de seguir abonando 130 millones de pesos del Estado de El Chaco.
Como toda y mayor defensa, Juan Carlos Molina, actual diputado nacional por el FPV de Santa Cruz, ha dicho públicamente que se trata de una “persecución política contra él y los pueblos originarios”, pero no ha explicado el fondo de la cuestión, como es de manual en estos casos.
Como en el caso de Cristina Fernández, su madrina política a la que Molina quiere “libre”, el cura no se defiende con datos, documentación y verdades objetivas, solo ensaya un discurso persecutorio que dista de la realidad y lo pone ante una situación más delicada aún, porque no puede explicar la grave acusación de estos delitos y aún no asumió su banca en el Congreso nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)