El cálculo judicial revelado este martes por el Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia determina que el ex presidente Jair Bolsonaro deberá cumplir un mínimo de siete años y medio de prisión efectiva en régimen cerrado antes de acceder a cualquier beneficio de flexibilización de su pena. El líder ultraderechista, quien comenzó a ejecutar su sentencia de 27 años y tres meses por golpismo hace exactamente una semana, permanecerá recluido sin posibilidad de salidas transitorias hasta el 24 de abril de 2033. La notificación enviada a la Corte Suprema establece los parámetros temporales de la condena impuesta por liderar la conspiración que intentó impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras los comicios de octubre de 2022.
De acuerdo con la proyección oficial de la justicia, Bolsonaro recién podrá solicitar el traslado al régimen semiabierto al cumplir 78 años de edad. Bajo esta modalidad, el sistema penal brasileño permite al recluso salir del recinto penitenciario durante el día para realizar actividades laborales o educativas, con la obligación ineludible de regresar a pernoctar en la celda. El cronograma judicial extiende aún más los plazos para la libertad condicional, un derecho que el capitán de la reserva del Ejército solo estará habilitado a gestionar a partir del 13 de marzo de 2037. Para ese momento, el exmandatario se encontrará próximo a cumplir los 82 años, lo que marca un horizonte de reclusión prolongada que limita significativamente su participación en la vida pública.
El cumplimiento formal de la pena se computa desde el 4 de agosto pasado, fecha en la que el máximo tribunal ordenó su prisión domiciliaria tras constatar la violación de las restricciones previas impuestas por la justicia. Actualmente, Bolsonaro ocupa una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde afronta las consecuencias legales de sus acciones contra el sistema democrático. El documento del juzgado proyecta el cumplimiento total de la sentencia para el año 2052, consolidando un escenario judicial adverso para el exjefe de Estado que fue derrotado en su intento de reelección frente al actual presidente Lula da Silva.
Pese a la claridad de los plazos establecidos por el Juzgado de Ejecuciones Penales, la defensa de Bolsonaro mantiene activa una estrategia legal enfocada en la anulación total del proceso. Un recurso presentado la semana pasada busca revertir la condena, aunque el panorama jurídico se presenta desfavorable dado que la Corte Suprema considera el proceso como concluido. La insistencia en la vía recursiva contrasta con la realidad de los cálculos penales que, basados en la gravedad de los delitos contra el Estado de Derecho, aseguran un largo periodo de aislamiento institucional para el expresidente antes de que pueda aspirar a cualquier medida de reinserción social. (Agencia OPI Santa Cruz)