Mientras las luces del escenario Atahualpa Yupanqui acaparaban la atención cultural, la verdadera tensión se cocinaba en los pasillos políticos de Cosquín. Los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), enviaron un mensaje que resuena en todas las tesorerías provinciales, incluida la de Santa Cruz: hay apoyo para modernizar las leyes laborales, pero no a costa de desfinanciar a las provincias.
El nudo fiscal de los 3 billones
La discusión de fondo no es ideológica, sino de caja. Si bien ambos mandatarios coinciden en la necesidad de reducir la “industria del juicio” y actualizar las normas para las Pymes, encendieron las alarmas sobre la letra chica del proyecto oficialista.
La propuesta del Gobierno Nacional incluye una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas. El problema radica en que este tributo es “coparticipable“, es decir, se reparte entre la Nación y las provincias.
Los informes técnicos que manejan los gobernadores son contundentes: de aprobarse tal cual está, la medida implicaría una pérdida de más de $3,1 billones de la masa coparticipable. Para el ciudadano común, esto significa menos fondos automáticos llegando a las provincias para cubrir sueldos de docentes, policías y médicos.
La trampa de los impuestos
La postura de Llaryora y Pullaro desnuda una vieja táctica del centralismo porteño: bajar impuestos que pagan las provincias, pero mantener los que recauda exclusivamente la Nación.
“Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables”, sentenciaron los mandatarios. La contrapropuesta del interior productivo es clara: si el Gobierno de Javier Milei quiere alivio fiscal, debería empezar por tributos nacionales no coparticipables, como las retenciones al agro o el impuesto al cheque, que no afectan los presupuestos locales.
Defensa del modelo productivo
En un tono que busca diferenciarse de la asistencia social, Pullaro remarcó: “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”.
Por su parte, Llaryora advirtió que sus legisladores revisarán la ley “punto por punto”. Aceptan la incorporación de Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías al mundo laboral, pero no firmarán un cheque en blanco que comprometa los derechos adquiridos ni las arcas locales.
El encuentro sirvió también para defender los festivales populares como motores económicos y generadores de empleo genuino, marcando una sutil pero firme distancia con la visión puramente fiscalista que impera en la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)