La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la concreción de al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela en un operativo que se mantiene en desarrollo. Estos movimientos judiciales responden al proceso de revisión de causas anunciado el pasado 8 de enero por la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El director de la ONG Alfredo Romero ratificó que la verificación de los casos se está realizando en todo el territorio nacional y anticipó que es probable que el número de liberados aumente durante el transcurso de la jornada.
Entre los beneficiados por la medida se encuentran figuras emblemáticas detenidas arbitrariamente como Kenny Tejeda Jiménez quien se desempeña como abogado voluntario del propio Foro Penal. El letrado había sido arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras prestaba asistencia legal a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana y permanecía recluido en la cárcel de Tocorón bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio. Simultáneamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa corroboró la libertad del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado cuya condena a quince años de prisión fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.
El proceso de excarcelaciones ha dejado en evidencia una marcada disparidad entre los datos proporcionados por el poder ejecutivo y los registros que manejan los organismos independientes de derechos humanos. Mientras la administración de Rodríguez aseguró el viernes haber liberado a 626 personas las organizaciones no gubernamentales mantienen cifras significativamente menores en sus conteos verificados. Hasta el inicio del fin de semana Foro Penal había corroborado solo 156 liberaciones previas a este domingo y la Plataforma Unitaria Democrática contabilizaba 173 casos lo que genera incertidumbre sobre la veracidad del alcance total de la medida oficial.
La gran mayoría de los detenidos sujetos a esta revisión judicial fueron privados de su libertad en el contexto de la crisis postelectoral desatada en julio de 2024 tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro. La actual coyuntura de liberaciones intenta descomprimir la situación de los procesados por aquellos eventos aunque la controversia respecto a la transparencia de las cifras oficiales persiste como un punto de tensión entre el gobierno y las entidades fiscalizadoras de los derechos civiles en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)