La política argentina suele cocinarse en despachos cerrados donde el humo de las negociaciones no siempre deja ver la claridad de los acuerdos. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, mantiene un silencio sepulcral sobre los avances con los legisladores dialoguistas.
La verdad es que la estrategia del misterio tiene fecha de vencimiento para este miércoles. Sucede que el oficialismo prefiere estirar el suspenso hasta la sesión, aunque los ruidos internos sugieren que no todo está tan cerrado como declaman.
El punto es que la Reforma Laboral y el Paquete Fiscal actúan como un combo de difícil digestión para varios sectores. Mientras Bullrich asegura que el acuerdo es sólido, las fuentes parlamentarias advierten sobre grietas importantes en el consenso.
Esta tarde a las 14, la reunión de Labor Parlamentaria promete ser un escenario de fricciones constantes. El oficialismo y el peronismo medirán fuerzas para definir un esquema de sesión que se anticipa extenuante y cargado de reclamos cruzados.
A este clima se suma un malestar evidente en la cúspide del poder legislativo. La vicepresidenta Victoria Villarruel dejó trascender su enojo por quedar marginada de las reuniones clave entre el oficialismo y los bloques aliados.
Aunque el secretario parlamentario Agustín Gustinian estuvo presente, la ausencia de la Presidenta del Senado en la “rosca” principal marca una distancia política difícil de disimular en estas horas críticas.
En el despacho del senador radical Eduardo Vischi se amontonaron legisladores de diversos colores políticos. Pasaron por allí figuras como Carlos Arce, Martín Goerling, Edith Terenci y Flavia Royón, buscando limar asperezas técnicas.
La reforma propone, por ejemplo, un tope de un sueldo por año para las indemnizaciones por despido.
Este esquema permitiría pagos de hasta 12 cuotas en grandes empresas y 18 en Pymes. El ajuste de estas cuotas seguiría el índice inflacionario más un 3% anual, dejando atrás las tasas judiciales que suelen encarecer los juicios.
Otro foco de conflicto reside en las Cajas Sindicales. El proyecto busca que los aportes de los trabajadores sean voluntarios, una medida que los gremios rechazan porque vaciaría sus estructuras de financiamiento de forma inmediata.
En el terreno impositivo, el oficialismo busca bajar Ganancias para las grandes empresas del 35% al 31,4%. Los gobernadores miran esta cifra con pánico, ya que sus provincias perderían casi dos billones de pesos para el año 2027.
Si los votos no aparecen para este alivio fiscal empresarial, el Gobierno evalúa retirar el punto para tratarlo en una ley aparte. La prioridad ahora es salvar la estructura central de la reforma antes de que el tiempo se agote.
Incluso los bancos entraron en la disputa por el manejo del dinero. Se debate si los sueldos se pagarán solo en entidades tradicionales o si se habilitan las billeteras virtuales, una opción que las cámaras bancarias intentan frenar a toda costa.
Mañana será el día de las definiciones reales, lejos de las promesas de pasillo. Por ahora, el poder en el Senado se mueve entre la necesidad de cambio y el miedo a desfinanciar a las provincias y a los sindicatos. (Agencia OPI Santa Cruz)