El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de bloquear la inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, una infraestructura estratégica que conecta Detroit con Windsor, hasta que Canadá otorgue una compensación económica y política que el mandatario considera justa. A través de su plataforma Truth Social, Trump condicionó la apertura del paso fronterizo a la resolución de lo que denomina un trato injusto hacia su país, exigiendo que Estados Unidos tome posesión de, al menos, la mitad del activo. El mandatario fundamentó su postura en la proyección de ingresos que generará el mercado estadounidense, calificándolos de astronómicos, y adelantó que iniciará negociaciones inmediatas para alterar los términos de propiedad de la obra.
El conflicto escaló debido a la naturaleza financiera del proyecto, el cual ha sido supervisado y costeado íntegramente por el Gobierno canadiense. Con una inversión estimada en 4.700 millones de dólares, la construcción del puente de seis carriles se inició en 2018 y su finalización está prevista para los primeros meses de este año. La pretensión de Trump de intervenir en la administración y el usufructo de una obra financiada por un capital externo introduce una nueva fuente de tensión en la relación bilateral, cuestionando los acuerdos previos bajo los cuales se desarrolló la infraestructura entre Michigan y Ontario.
La retórica del Ejecutivo estadounidense vincula la apertura del puente no solo con la rentabilidad económica, sino con una demanda de respeto y reciprocidad por parte de Canadá. Trump sostuvo que el bloqueo se mantendrá hasta que su administración reciba lo que considera una compensación completa por las concesiones otorgadas históricamente al país vecino. Esta postura fiscalizadora sobre los activos fronterizos sugiere una revisión de la soberanía compartida en puntos de tránsito clave, donde la Casa Blanca busca capitalizar la dependencia comercial canadiense respecto al mercado norteamericano para obtener beneficios patrimoniales directos.
El estancamiento de esta infraestructura clave para el comercio terrestre en América del Norte marca un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas de la región. Mientras Canadá ha cumplido con los plazos y el financiamiento total del proyecto, la amenaza de cierre administrativo por parte de Washington transforma una obra de ingeniería en una herramienta de presión política. La resolución de esta disputa, que involucra la propiedad de un activo de miles de millones de dólares, dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para negociar la participación estadounidense en un proyecto donde, hasta la fecha, el riesgo y la inversión han sido exclusivamente canadienses. (Agencia OPI Santa Cruz)