El pasado miércoles, las principales firmas petroleras del país acordaron mantener inalterados los valores de las naftas y el gasoil en los surtidores durante al menos 45 días. La industria hidrocarburífera adoptó la estrategia que impulsó YPF para intentar frenar el impacto de la crisis internacional del petróleo sobre un mercado interno golpeado por la caída de la demanda.
El congelamiento nominal esconde una acumulación de pasivos privados. Las refinerías pagarán los cargamentos tomando como referencia el valor del crudo de marzo. Los productores facturarán el barril al precio internacional vigente y el sistema registrará la diferencia económica en una cuenta compensadora para cancelarla más adelante.
Las planillas financieras del sector exponen las siguientes variables operativas para el corto plazo:
- El pacto entre productores, refinadoras y empresas integradas rige hasta mediados de mayo.
- Las compañías revisarán la sustentabilidad del esquema una vez concluido este primer período.
- El precio final al consumidor absorbió un alza del 15% desde febrero, dato consolidado este jueves tras semanas de presión internacional.
El Palacio de Hacienda complementó la maniobra corporativa con una medida tributaria de emergencia. El Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 217/2026 en el Boletín Oficial para postergar la actualización impositiva sectorial.
La normativa gubernamental frena las subas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). La documentación oficial argumenta que la decisión busca proteger el sendero fiscal y evitar el traslado automático de costos a la inflación general.
El esquema aplaza el incremento de los tributos nacionales para esquivar un nuevo shock sobre el poder adquisitivo en las bocas de expendio de la Patagonia y el resto del país. El Estado Nacional ejecutará la actualización de estos gravámenes el 1 de mayo. (Agencia OPI Santa Cruz)