El exfuncionario procesado rechazó el interrogatorio judicial y exigió peritar las grabaciones que exponen un esquema de sobornos. La investigación rastrea el destino de un presupuesto multimillonario operado por laboratorios y despachos oficiales.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, rehusó declarar este jueves frente al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez exigieron la comparecencia del ex funcionario para interrogarlo sobre un presunto entramado de coimas ejecutado desde las propias oficinas del organismo estatal.
La defensa del exdirector trabó el avance de las declaraciones testimoniales durante la jornada matutina. Los abogados de Spagnuolo y de los demás implicados solicitaron la nulidad de la causa y condicionaron cualquier testimonio a la realización previa de una pericia técnica sobre los audios que desataron el escándalo. Los acusados sostienen que las grabaciones presentan alteraciones o falsedades.
El magistrado extendió las citaciones a indagatoria a otras 29 personas bajo sospecha de integrar la red delictiva. La lista de investigados incluye a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y a Miguel Ángel Calvete, a quien la justicia identifica como el presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
El juez Ariel Lijo respaldó la hipótesis de trabajo que presentó el Ministerio Público Fiscal sobre el accionar de este grupo. El titular del juzgado apuntó que la organización operó de manera ilegal para generar millonarias sumas de dinero en directo detrimento del erario público.
“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos“, detalló el magistrado en su escrito. El juez advirtió que estos fondos constituyen el producto de posibles delitos y ordenó acciones inmediatas para que el Estado recupere el capital sustraído.
El expediente avanza sobre la estructura de corrupción que integraron más de 20 empresarios vinculados al sector sanitario. De acuerdo a los datos analizados por los tribunales, los investigadores rastrean además los posibles nexos operativos de esta red con la secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.
La justicia federal ya procesó a Spagnuolo en instancias previas de esta causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El documento judicial detalla la escala exacta de la defraudación.
Los ejecutores de la maniobra desviaron fondos estatales por más de $75.000 millones. Un reducido grupo empresarial embolsó la totalidad de ese dinero extraído de las arcas públicas. (Agencia OPI Santa Cruz)
Gracias a la justicia de mierda y los funcionarios judiciales coimeros de Argentina, les damos el peor de los ejemplos a la juventud
Si van a robar o estafar, que sea por mucha plata
La ley es para todos igualo, pero hay algunos más iguale que otros
Un indigete que roba una gallina para darle de comer a la familia, va inmediatamente y de un boleo en el o.g.t. a una celda común.
Por las coimas con los dineros de los discapacitados, todavía no hay nadie preso y ni el jeropa de Milei y su hermana la tortillera Karina están imputados como partícipes necesarios